El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, afirmó que el Gobierno no apoyará ninguna iniciativa legislativa que implique la creación o el aumento de impuestos para financiar la Caja de Jubilaciones y Pensiones del sector público, más conocida como Caja Fiscal. La aclaración se dio tras la presentación de un libro que plantea reformas tributarias como solución a la crisis previsional.
El material, titulado “Reforma Integral de la Caja Fiscal: Sostenibilidad y Justicia en el Sistema de Jubilaciones y Pensiones”, fue presentado por los coroneles retirados Felipe Mercado y Julio Scarone, quienes además propusieron que su contenido sirva como base para un futuro proyecto de ley. Su planteamiento incluye la implementación de cuatro nuevos tributos dirigidos a sectores de mayor capacidad contributiva.
Los nuevos impuestos sugeridos son: uno a las transacciones financieras de gran volumen, otro a las ganancias de capital, uno más sobre grandes patrimonios y finalmente, un impuesto al consumo de bienes de lujo. Según los autores, estas fuentes generarían ingresos adicionales para garantizar la sostenibilidad de la Caja Fiscal sin afectar a los contribuyentes de menor ingreso.
Sin embargo, Orué fue tajante al señalar que “ese proyecto no es impulsado por el Gobierno ni va a ser acompañado”. A través de su cuenta oficial en la red social X, aseguró que la posición del Ejecutivo liderado por Santiago Peña sigue firme en no incrementar la presión tributaria sobre los contribuyentes ni habilitar nuevos gravámenes.
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La iniciativa generó preocupación entre sectores empresariales, que reclamaron una reducción del tamaño del Estado antes que mayores impuestos. Orué buscó disipar esos temores: “No hay de qué preocuparse”, expresó en respuesta a los cuestionamientos surgidos tras la presentación del texto en la Biblioteca del Congreso.
El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITFE) propuesto se aplicaría a operaciones que superen los USD 500.000, con una tasa progresiva entre 0,1% y 0,4%. El Impuesto a las Ganancias de Capital (IGC), por su parte, gravaría utilidades mayores a USD 20.000 con tasas del 5% al 15%.
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El Impuesto a Grandes Patrimonios (IGP) afectaría activos superiores a USD 1.000.000, mientras que el Impuesto al Consumo de Bienes de Lujo (ICBL) se centraría en productos no esenciales como automóviles de alta gama, yates y aviones, con una carga del 5% al 15%.
Pese a la precisión técnica de los planteamientos, el Gobierno ha optado por no considerar estas propuestas. Desde el Ejecutivo insisten en que la solución a la situación de la Caja Fiscal debe pasar por una reforma estructural del sistema previsional, sin recurrir a la creación de nuevos tributos.
Fuente: ABC Color
