El senador Erico Galeano Segovia, representante del Partido Colorado en el movimiento cartista, enfrentará desde este martes 17 de junio un juicio oral por supuestos vínculos con el esquema criminal investigado en el marco del operativo “A Ultranza Py”. La acusación presentada por el Ministerio Público se centra en los delitos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
El proceso será llevado adelante por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por el juez Pablino Barreto e integrado por los magistrados Inés Galarza y Juan Dávalos. Los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Deny Yoon Pak estarán a cargo de la representación fiscal, con el objetivo de sostener la acusación que vincula a Galeano con líderes del narcotráfico como Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán y el prófugo Sebastián Marset.
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De acuerdo con la investigación, entre los años 2020 y 2021, Galeano habría colaborado logísticamente con la organización criminal, facilitando su avioneta —matrícula ZP-BHQ— para el traslado interno de los principales sospechosos, luego de que la flota aérea de Insfrán fuera incautada por la Fiscalía. A cambio, el legislador habría recibido pagos en efectivo, los cuales fueron reinvertidos en bienes, incluyendo una millonaria suma en el Club Deportivo Capiatá.
Uno de los puntos clave de la acusación se relaciona con la venta de un inmueble en el condominio Aqua Village, en Altos, por un valor de un millón de dólares. Según la Fiscalía, Galeano conocía que el dinero provenía de actividades ilícitas y que el comprador actuaba como testaferro de “Tío Rico”. A pesar de ello, aceptó la operación, que se realizó fuera del sistema bancario y en pleno contexto de emergencia sanitaria.
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La investigación también detalla que el parlamentario habría colaborado con la introducción de fondos ilícitos al sistema legal, ocultando el origen del dinero a través de operaciones inmobiliarias. Este comportamiento, según los fiscales, constituye una forma activa de lavado, al haber contribuido a disimular el vínculo entre el narcotráfico y los recursos obtenidos por la organización.
El juicio oral se convierte en un caso emblemático dentro de las causas impulsadas tras el operativo A Ultranza Py, uno de los mayores golpes contra el crimen organizado en Paraguay. El proceso definirá si el legislador es penalmente responsable por su presunta participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y el blanqueo de activos.
Fuente: ABC Color
