La intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda (liberocartista), no logró convencer a la Contraloría General de la República (CGR) con la documentación parcial presentada en su descargo, ante las observaciones sobre los costosos servicios de sepelio realizados en plena pandemia. A pesar de sus argumentos, el ente contralor se ratificó en todas sus apreciaciones, manteniendo el cuestionamiento sobre la gestión de estos fondos.
Aranda intentó justificar la realización de un “contrato abierto” con una empresa funeraria, eludiendo los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Su argumento principal fue que la situación de pandemia y la “alta demanda de pedidos” de servicios de sepelio hicieron inviable una licitación pública, que, según ella, “llevaría más tiempo”. Sin embargo, la CGR, en su informe final, desestimó esta explicación, reafirmando la falta de justificación para la omisión de los procedimientos licitatorios reglamentarios.
La CGR ratifica observaciones por falta de documentación
En su descargo, Carolina Aranda afirmó que “se suscribieron varios contratos para los servicios de sepelios teniendo en cuenta que en ese periodo nos encontrábamos en plena pandemia y el requerimiento de los servicios de sepelios por los pobladores de esta ciudad eran altas por lo que dicha situación conllevó a realizar dichos procedimientos ya que si realizábamos el contrato por la modalidad de LPN nos sobrellevaría mucho tiempo teniendo en cuenta las exigencias establecidas por las disposiciones legales”. A pesar de esta justificación, la CGR fue contundente en su informe final.
La Contraloría indicó que esta respuesta “no aporta hechos ni argumentos nuevos que ameriten su rectificación, sino que confirma” las observaciones previas. La CGR mantuvo su posición de que la administración municipal no presentó la debida solicitud del servicio, nota de recepción, ni un informe sobre la situación económica del beneficiario para los G. 409 millones destinados a servicios de sepelio y otros insumos durante el año 2021. La falta de estos documentos esenciales refuerza las dudas sobre la transparencia y legalidad de las contrataciones.
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El informe final de la CGR reveló una serie de irregularidades financieras. Se evidenció el pago de hasta G. 28 millones por servicio de sepelio con un solo cheque de la municipalidad. Además, en el rubro de “servicio social”, se destinaron inicialmente G. 409 millones no solo a sepelios, sino también a la compra de bolsas de pollo, cajas de hamburguesas y otros insumos alimenticios, supuestamente para donación, sin la debida justificación ni rendición de cuentas clara.
Asimismo, la auditoría detectó un “contrato abierto” por G. 630 millones con la empresa Jardín Celestial, exclusivo para servicios funerales, sin haber llamado a licitación. Este contrato se desglosa en varios montos firmados en fechas específicas, incluso en feriados, como un contrato de G. 500 millones el 1 de febrero de 2021, G. 12 millones el 30 de marzo, y G. 49 millones el 1 de mayo, seguido por G. 8 millones nueve días después. En junio de 2021, se firmaron tres contratos adicionales por montos que rondaban los G. 22 millones, todos bajo la misma modalidad de “contrato abierto” que eludía el proceso licitatorio.
Ante estas irregularidades, la Contraloría General de la República insistió en que no se pueden ignorar los procedimientos licitatorios, incluso en situaciones de emergencia. El ente contralor instó a la Municipalidad de Mariano Roque Alonso a “instruir a las dependencias responsables para que realicen el proceso de contratación bajo la modalidad correcta”.
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En total, la Contraloría General de la República emitió 33 observaciones a la administración de Carolina Aranda correspondientes a su gestión durante el período 2021-2022. De todas estas observaciones, la intendenta no logró levantar ninguna durante su descargo ante el ente contralor.
La mayoría de las respuestas dadas por la administración municipal se basaban en el argumento de que “contaba con la totalidad de las documentaciones, pero que estaban archivadas en otra dependencia”. Sin embargo, las documentaciones que finalmente fueron enviadas a la CGR resultaron ser parciales, lo que llevó a la Contraloría a ratificarse en cada una de sus observaciones.
Fuente: ABC Color
