Un 57,9 % de los ciudadanos en El Salvador considera que es muy probable o algo probable sufrir consecuencias negativas por criticar al presidente Nayib Bukele o a su gobierno, según un reciente estudio de opinión pública realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA). La encuesta fue aplicada entre el 14 y el 24 de mayo de 2025 y refleja una creciente percepción de temor entre la población respecto a la libertad de expresión.
El estudio se realizó sobre una muestra nacional de 1.272 personas mayores de 18 años, con un margen de error de 2,75 %. Entre las principales preocupaciones mencionadas por los encuestados figuran la economía, el desempleo y el impacto social del régimen de excepción que rige desde 2022, aunque este último aspecto recibe menos visibilidad entre los principales problemas identificados.
Ante la consulta específica sobre las probabilidades de enfrentar consecuencias por expresarse críticamente en redes sociales u otros medios, un 15,1 % respondió que es poco probable, mientras que un 24,1 % indicó que es nada probable. Por su parte, un 2,9 % optó por no emitir opinión. No obstante, el 48 % de los participantes considera que las consecuencias más frecuentes para los críticos pueden incluir la detención o el encarcelamiento.
En las últimas semanas, se registraron al menos cinco detenciones de personas que manifestaron opiniones contrarias a las políticas del Ejecutivo salvadoreño. Entre los arrestados figuran defensores de derechos humanos y profesionales del derecho, lo que ha generado preocupación en sectores nacionales e internacionales.
Popularidad sostenida a pesar de los cuestionamientos
A pesar del temor manifestado por un amplio sector de la población, el presidente Bukele mantiene altos niveles de aprobación. La encuesta le otorga una calificación promedio de 8,15 sobre 10 en su sexto año de mandato. En febrero de 2024, fue reelegido con un 85 % de los votos, consolidando su liderazgo con base en su política de seguridad interna.
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Según el informe, el aspecto más valorado por los salvadoreños es la seguridad, consecuencia directa de la ofensiva contra las pandillas implementada a través del régimen de excepción. Esta medida ha sido respaldada por gran parte de la ciudadanía, a pesar de las advertencias de organismos internacionales sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales.
Derechos humanos, baja prioridad para la mayoría
La directora del IUDOP, Iliana Álvarez, indicó que solo el 2,1 % de los encuestados mencionó violaciones a los derechos humanos como uno de los principales problemas del país. Este dato evidencia un bajo nivel de sensibilización o prioridad ciudadana respecto al impacto del régimen de excepción sobre las garantías individuales.
Aun así, distintos sectores de la sociedad civil y organizaciones internacionales han señalado reiteradamente los riesgos del debilitamiento institucional y el cierre de espacios democráticos en el país centroamericano.
El contexto político y social de El Salvador sigue bajo observación regional. La tendencia a limitar la crítica pública mediante detenciones o represalias plantea desafíos al funcionamiento democrático y al derecho a la libre expresión. La encuesta de la UCA aporta datos significativos que reflejan una atmósfera de autocensura entre los ciudadanos, en un entorno marcado por la centralización del poder y la falta de contrapesos efectivos.
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El Salvador transita por una etapa de transformación política con amplio respaldo popular, pero acompañada de señales preocupantes en materia de libertades fundamentales. La opinión pública, aunque favorable a la gestión de Bukele, muestra síntomas de retraimiento ante la posibilidad de emitir opiniones críticas. Esto representa un indicador importante para los analistas, organismos de derechos humanos y actores regionales interesados en el futuro democrático del país.
Fuente: DW
