Joaquín Roa, exministro de Emergencia Nacional, junto a sus defensores en el juicio oral. Gustavo Machado
El Ministerio Público inició los alegatos del juicio oral contra Joaquín Roa y Alberto Koube sosteniendo que existen pruebas de direccionamiento de licitaciones por G. 16.080 millones a favor del empresario. Según la Fiscalía, Roa habría recibido un yate valorado en USD 450.000 como parte de las dádivas a cambio de contratos adjudicados desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El fiscal Silvio Corbeta detalló que las adjudicaciones se realizaron entre 2018 y 2021, cuando Roa se encontraba al frente de la SEN. Las empresas beneficiadas eran propiedad o estaban vinculadas al empresario Koube. A través de estas firmas, se habrían simulado procesos administrativos para desviar fondos públicos.
Las primeras declaraciones de testigos fueron escuchadas por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, conformado por las juezas Elsa García, Ana Rodríguez y Sonia Sánchez. El juicio continuará el lunes 7 de julio, con nuevos testigos que aportarán más detalles sobre el esquema investigado.
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La acusación incluye delitos como cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lesión de confianza, y asociación criminal. Según el Ministerio Público, Koube actuaba como cómplice, facilitando el montaje empresarial necesario para simular concursos de precios.
Uno de los casos más relevantes se dio en septiembre de 2021, cuando se autorizó una compra de 100.000 chapas de fibrocemento por G. 3.300 millones. La firma de Katerine Ayala obtuvo el contrato más elevado, aunque los informes señalan que fue el Grupo Tapyracuai SA, de Koube, quien realmente proveyó los materiales a menor costo.
La diferencia entre el costo real de adquisición de las chapas (G. 22.771) y el precio de venta pactado (G. 33.000) genera un perjuicio al Estado de G. 716 millones. Además, se detectó que los pagos fueron canalizados a cuentas vinculadas a Koube, lo que fortalece la tesis de una operación simulada.
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La empresa adjudicada declaró que fue Koube quien gestionó su participación. La Fiscalía también presentó registros contables de la Senabico, que administra Tapyracuai, y que confirman las fechas de las compras de los insumos, así como las diferencias de precios que generaron pérdidas al Estado.
El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para probar la existencia de una asociación entre Roa y Koube destinada a beneficiar económicamente a través del direccionamiento de fondos públicos, en perjuicio de la correcta gestión institucional.
Fuente: ABC Color
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