El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos resolvió admitir la mayoría de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en el juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, y el empresario Alberto Koube Ayala. Ambos enfrentan acusaciones vinculadas a la causa A Ultranza Py, considerada uno de los mayores operativos contra el crimen organizado en Paraguay.
Entre las pruebas clave admitidas se encuentra un yate de la marca Azimut AZ 42, que presuntamente fue entregado como dádiva a Roa por Koube a cambio de adjudicaciones públicas. También fue aceptado el disco duro que contiene los informes técnicos del caso A Ultranza y los testimonios de peritos del Ministerio Público. La única prueba excluida fueron los registros de visitas a penitenciarías, solicitados por la defensa del empresario.
La fiscalía acusa a Joaquín Roa de cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lesión de confianza y administración en provecho propio. Por su parte, Alberto Koube Ayala está procesado por coautoría en el lavado de activos y complicidad en irregularidades vinculadas a contratos públicos. Ambos habrían operado entre 2018 y 2021 para direccionar licitaciones a empresas vinculadas al empresario.
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Según la investigación liderada por el fiscal Silvio Corbeta, durante su gestión en la SEN, Roa adjudicó de forma sistemática al menos 11 contratos a firmas del entorno de Koube. Las adjudicaciones, que ascienden a G. 16.080 millones, habrían beneficiado a empresas como Grupo Tapyracuái, JPA Logística, Noemacol y otras proveedoras utilizadas para triangular operaciones.
El juicio oral y público continuará el lunes 30 de junio a las 8:00, con los alegatos de apertura del fiscal Corbeta y las defensas de los acusados. Se prevé que durante el desarrollo del proceso se incorporen documentos, testimonios y peritajes que vinculen las adjudicaciones con supuestos favores económicos entre ambos procesados.
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Este proceso judicial se desprende del operativo A Ultranza Py, mediante el cual se detectó un esquema de lavado de activos y corrupción en la administración pública. El caso tomó impulso tras los allanamientos realizados en febrero de 2022, cuando fueron inmovilizados bienes vinculados a los acusados.
Fuente: ABC Color
