El Tribunal de Sentencia que juzga al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y al empresario Alberto Koube Ayala rechazó este miércoles los incidentes que buscaban excluir evidencias clave del juicio. La decisión reafirma la legalidad de los procedimientos de incautación que forman parte del expediente.
Uno de los pedidos de la defensa fue la nulidad de la incautación de un yate modelo AZ 42, valuado en 450.000 dólares, alegando supuestas irregularidades en el proceso. Sin embargo, el tribunal presidido por la jueza Elsa García concluyó que la incautación fue realizada conforme a derecho y desestimó el planteamiento.
[ACTUALIZACIÓN]El próximo 23 de junio a las 8:00 horas, el fiscal Silvio Corbeta seguirá con la contestación de las reposiciones planteadas por las defensas de Alberto Koube y el exministro Joaquín Roa, en el juicio que soportan por cohecho pasivo agravado, lavado de dinero,… pic.twitter.com/4AsPHXdWxR
— El Observador (@observapy) June 18, 2025
El juicio oral y público prosigue con base en una acusación del Ministerio Público que describe un esquema de direccionamiento de contratos dentro de la SEN entre los años 2018 y 2021. Según el fiscal Silvio Corbeta, el exministro Roa autorizó adjudicaciones por más de G. 16.000 millones a empresas vinculadas a Koube Ayala, incluyendo firmas como Grupo Tapyracuai S.A., JPA Logística, Noemacol y Sofimac.
El proceso penal incluye cargos por lesión de confianza, lavado de dinero, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal contra Roa, mientras que Koube enfrenta imputaciones similares como cómplice.
El Ministerio Público sostiene que Roa y Koube formaban una red que operaba dentro del Estado para beneficiar económicamente a empresas aliadas. Parte de los fondos públicos habrían sido utilizados en la adquisición del yate y otros bienes de alto valor, según los documentos presentados.
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Durante la audiencia, también se debatió la solicitud fiscal para incorporar una copia espejo como respaldo de las pruebas digitales. No obstante, el Tribunal resolvió postergar su análisis hasta la etapa procesal correspondiente.
El colegiado que juzga este caso está compuesto por las magistradas Elsa García, Adriana Planas y Sonia Sánchez. García, con experiencia en causas financieras, ha sido clave en mantener el curso firme del proceso, que representa uno de los juicios por corrupción más emblemáticos vinculados a la gestión de emergencias en Paraguay.
Fuente: Judiciales. Net
