La Contraloría Ciudadana de Luque presentó ante la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que busca modificar la Ley N° 5.590/16 “Orgánica Municipal”, con el objetivo de establecer la obligatoriedad de las audiencias públicas de rendición de cuentas por parte de los intendentes y miembros de la Junta Municipal.
Esta propuesta fue elaborada y entregada por los ciudadanos Mariano Bareiro y Miguel Amarilla, quienes representan al mencionado organismo ciudadano luqueño. El documento fue presentado en mesa de entrada de la Cámara Baja con respaldo jurídico y fundamentos vinculados a la transparencia y el acceso a la información pública.
La iniciativa surge tras una experiencia local: el intendente de Luque, Carlos Echeverría, se negó durante dos años a realizar audiencias públicas y entregar informes, lo que obligó a los vecinos a recurrir a la vía judicial para acceder a los documentos municipales. Este antecedente motivó la elaboración del proyecto.
Actualmente, la Ley N° 5.590/16 establece de forma general la rendición de cuentas en audiencias públicas, pero no fija plazos, ni contempla sanciones. Según la Contraloría Ciudadana, esta omisión permite a muchas autoridades municipales incumplir sin consecuencias legales.
El anteproyecto propone cambios clave. Establece como obligatoria la rendición de cuentas por parte de intendentes y concejales, en un periodo fijo del 15 al 30 de abril de cada año. También exige la publicación de las ordenanzas y resoluciones en portales oficiales y redes sociales.
En caso de incumplimiento, la propuesta incluye sanciones económicas equivalentes a cinco salarios mínimos (G. 13.991.545) y el reintegro de gastos de representación con patrimonio personal. Si la omisión se repite, el funcionario será inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.
Otro de los aspectos destacados del anteproyecto es que busca transparentar las transferencias de recursos del Tesoro Nacional, con la obligación de publicar montos recibidos y su destino, fortaleciendo así el control ciudadano sobre la ejecución presupuestaria.
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La Contraloría también señala que los concejales, en vez de actuar como contralores, frecuentemente avalan las rendiciones del intendente sin una revisión rigurosa, debido a vínculos partidarios. Esta práctica debilita el rol fiscalizador que les corresponde legalmente.
Finalmente, el texto contempla la creación de un mecanismo institucional para monitorear el cumplimiento de la ley y aplicar las sanciones establecidas. Sería la primera vez que una norma municipal incluye herramientas coercitivas concretas para garantizar transparencia.
Fuente: ABC Color
