En una medida rodeada de estricta reserva y motivada por razones de seguridad, las autoridades colombianas decidieron trasladar a guarniciones militares a tres condenados por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en la isla de Barú. Se trata de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga y los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes ya cumplían penas en cárceles comunes.
Según información revelada por Caracol Radio, el movimiento fue realizado de manera discreta, sin anuncios oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni del Ministerio de Defensa colombiano. La decisión responde al riesgo que implica mantener a los condenados en penitenciarías ordinarias, tras una serie de incidentes que comprometieron la seguridad de otros implicados en el mismo caso.
⚖️ Tres condenados por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci fueron trasladados a guarniciones militares por seguridad. El presidente @petrogustavo alertó sobre amenazas contra ellos.
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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) July 7, 2025
Uno de los hechos más graves fue el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, considerado el principal articulador del crimen. Correa fue apuñalado en la cárcel La Picota de Bogotá el 3 de enero de 2025, lo que generó serias dudas sobre la protección a testigos clave en procesos de alto perfil. Su muerte precipitó el traslado de los demás involucrados.
Chacón Zúñiga fue condenada a 35 años de prisión por su papel en la planificación y financiamiento del crimen. La justicia la identificó como figura clave en la coordinación logística del atentado. La condena fue ratificada en enero de 2024 por el Tribunal Superior de Cartagena.
Por su parte, los hermanos Pérez Hoyos, que admitieron su participación como enlaces financieros y logísticos, recibieron una sentencia de 25 años y seis meses de prisión mediante un preacuerdo judicial. Ambos fueron señalados como los encargados de aportar recursos y asegurar la operación criminal.
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El asesinato de Marcelo Pecci, fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico, generó repercusión internacional y dio pie a una investigación transnacional entre Colombia, Paraguay y Estados Unidos. La estructura detrás del crimen se organizó de forma jerárquica y con roles bien definidos, desde los financiadores hasta los autores materiales.
Además de los condenados trasladados, el caso involucra a personas identificadas como marcadores —Marisol Londoño y su hijo Cristian Monsalve—, así como a los ejecutores directos: Gabriel Salinas, conductor del jet ski, y Wendre Scott Carrillo, supuesto tirador. A ellos se suma Everson Zabaleta, quien habría manejado el vehículo de seguimiento.
Fuente: Infobae
