Una visita a la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción dejó una imagen que grafica el caos: de 42 funcionarios asignados, apenas cinco estaban presentes. Esta fue una de las primeras observaciones del interventor Carlos Pereira, quien asumió el cargo el pasado 24 de junio tras la suspensión de Óscar “Nenecho” Rodríguez.
El economista detectó una alarmante falta de control interno, con casos frecuentes de planilleros y ausentismo que comprometen los servicios básicos para la ciudadanía. Durante sus recorridas, halló oficinas vacías o con presencia mínima, lo que llevó a cuestionar la utilidad real de muchos funcionarios designados.
#Noticias | Intendente de Asunción comprueba superpoblación de planilleros.
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— Telefuturo (@Telefuturo) July 8, 2025
Además del abandono físico, Pereira calificó la situación de la institución como un reflejo de años de “cuoteo político, dejadez e indiferencia”. Según explicó, existe una “superpoblación funcional” que no se traduce en resultados ni eficiencia, y cuyos efectos son sufridos directamente por los contribuyentes.
El interventor anunció que dejará un informe detallado sobre la necesidad de un censo laboral riguroso. Aunque no tiene atribuciones para desvincular funcionarios, propondrá la implementación de concursos de méritos como vía para transparentar los nombramientos y recuperar la confianza institucional.
Interventor critica exceso de jefaturas en la Municipalidad de Asunción
Otro punto crítico abordado es el de los funcionarios comisionados, algunos de ellos con cargos privilegiados pese a no cumplir funciones sustantivas. Pereira adelantó que revisará cada caso para reubicarlos o devolverlos a sus instituciones de origen si no justifican su presencia.
En cuanto a la situación financiera, informó que entre el 15 y el 23 de junio se recaudaron G. 28.000 millones, y hasta el 2 de julio se sumaron otros G. 21.000 millones, alcanzando así la meta de G. 70.000 millones para pagos de salarios y gastos inmediatos. Los fondos provienen de tributos como patentes comerciales, impuestos inmobiliarios y regularización de cartelería.
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Pereira también desmanteló una estructura informal de abogados ubicada en el octavo piso de la sede municipal, denunciada previamente por el concejal Álvaro Grau. Esta “cofradía”, según denuncias, cobraba sumas excesivas por asesorías a contribuyentes. Ahora, los profesionales fueron reubicados en Recaudación para orientar a los ciudadanos sin sobrecostos.
Con estas medidas, el interventor busca ordenar la administración, acercar la gestión al ciudadano y establecer bases más transparentes para el futuro. Sin embargo, persisten desafíos estructurales que requerirán voluntad política y apoyo legal para una verdadera transformación.
Fuente: ÚH
