Fiscalía solicita prisión para dos acusados clave del caso Samaniego

La Fiscalía Anticorrupción solicitó la prisión preventiva de dos acusados en el proceso judicial que involucra al diputado Esteban Samaniego y a su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán. El pedido fue presentado por el fiscal Silvio Corbeta ante el juez Humberto Otazú.

Los acusados son Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas, exfuncionarios municipales vinculados a presuntas maniobras para obstruir la realización de la audiencia preliminar. Ambos están imputados por su presunta participación en un esquema que habría desviado más de G. 1.100 millones destinados a reparar instituciones educativas.

Según la acusación, los fondos habrían sido utilizados para construir una vivienda privada del matrimonio Samaniego-Corvalán. El Ministerio Público sostiene que los recursos públicos fueron redirigidos con ayuda de proveedores ficticios y contratos amañados para lesionar el patrimonio municipal.

El fiscal Corbeta fundamentó su pedido de prisión en la reiterada conducta obstruccionista de los acusados. En tres ocasiones distintas, se frustró el desarrollo de la audiencia preliminar debido a recusaciones y apelaciones planteadas por los mismos. Para la Fiscalía, estas acciones buscan dilatar el avance del proceso penal.

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La primera suspensión se produjo en febrero, luego de que la intendenta Corvalán apelara la fecha de la audiencia. Tras el rechazo de su recurso, en mayo, el acusado Lovera recusó tanto al fiscal como al juez del caso. Esa medida provocó una nueva postergación del acto procesal.

El tercer intento de concretar la audiencia fue frustrado recientemente, cuando el acusado Guido Vargas presentó una nueva recusación contra el juez Otazú. La presentación fue realizada por su abogado defensor, Juan David Campuzano, ante el Tribunal de Apelaciones.

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La Fiscalía alega que estas maniobras responden a una estrategia deliberada para evitar que el caso avance hacia el juicio oral. Corbeta advirtió además sobre el riesgo de fuga de los procesados, lo que justificaría la prisión preventiva para garantizar la prosecución del proceso.

La causa investiga un presunto esquema de corrupción instalado en la administración municipal de Quyquyhó. Las autoridades buscan establecer la responsabilidad penal de los imputados en el desvío de fondos públicos, con posible perjuicio al sistema educativo de la localidad.

Fuente: Última Hora