Desde su entrada en vigencia, la Ley 7.445/2025 de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil ha generado cuestionamientos por su contenido y forma de aprobación. El abogado laboralista Jorge Luis Bernis advirtió que esta legislación convierte al funcionariado público en rehén del poder político, al centralizar la administración estatal y debilitar la independencia de instituciones autárquicas.
Bernis criticó que la norma, lejos de fortalecer la profesionalización del servicio civil, abre puertas a interpretaciones discrecionales que podrían ser utilizadas por las autoridades de turno para sancionar o desplazar a funcionarios con criterios políticos. Indicó que los artículos iniciales ya presentan contradicciones jurídicas, lo que podría generar litigios complejos y falta de certeza legal.
Uno de los principales puntos cuestionados es el efecto que la ley tendría sobre entidades que por su naturaleza deben conservar autonomía, como universidades, entes de regulación, o instituciones con regímenes especiales. Según el jurista, la centralización prevista representa un retroceso en la administración pública y debilita la división funcional del Estado.
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En términos de procedimiento, Bernis también criticó que la ley fue aprobada sin un debate profundo en el Congreso Nacional ni la participación de representantes sindicales o gremios del interior. Consideró que la normativa responde más a un modelo extranjero que a una necesidad surgida del contexto institucional paraguayo.
Otro aspecto de preocupación es el impacto sobre los derechos laborales ya adquiridos. La ley podría invalidar convenios colectivos firmados por sindicatos del sector público, además de afectar la estabilidad laboral mediante figuras ambiguas que podrían facilitar despidos por cuestiones no objetivas.
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Bernis advirtió que la implementación de la ley podría desembocar en múltiples acciones de inconstitucionalidad. Sostuvo que los funcionarios perjudicados cuentan con herramientas legales para resistir medidas abusivas, ya sea a través de excepciones en juicios laborales o mediante acciones ante la Corte Suprema.
El abogado concluyó que esta ley, en lugar de ordenar la función pública, la somete a una estructura que favorece el clientelismo político y deteriora los principios de legalidad, independencia y mérito. Señaló que el país retrocede en materia de servicio civil y recomendó revisar los reglamentos que se dicten en su aplicación para evitar daños irreversibles en el sistema público.
Fuente: ABC Color
