La Policía Nacional ha justificado la intervención de sus agentes durante la peregrinación religiosa organizada por la Conferencia de Religiosos del Paraguay (Confepar), en la que se impidió al sacerdote Alberto Luna exhibir un cartel exigiendo la reforma del transporte público frente al Congreso. El comisario Ricardo Chaparro argumentó que el reclamo “desnaturalizó” el acto, mientras que el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, precisó que “se contamina una procesión religiosa” con fines políticos.
El comisario Chaparro brindó detalles de lo ocurrido el miércoles 16 de julio. Explicó que la Policía ofreció resguardo a los participantes de la peregrinación, tal como lo habían solicitado los organizadores. La marcha, que partió del colegio Las Teresas en la avenida Mariscal López, tenía como destino original la Catedral Metropolitana, y el dispositivo de seguridad estaba previsto hasta ese punto.
Sin embargo, según Chaparro, una vez en la Catedral Metropolitana, los organizadores decidieron modificar el itinerario sobre la marcha, buscando circular y pasar frente al Congreso Nacional. El comisario indicó que se coordinó con el jefe del Destacamento del Congreso, quien aprobó el ingreso de los religiosos a las inmediaciones del parlamento, bajo la condición de que se trataba de una “cuestión religiosa, no una manifestación”.
La situación cambió cuando, mientras la columna circulaba por la calle Paraguayo Independiente, al costado del Congreso, los agentes detectaron que el padre Luna portaba una carpeta que, al abrirla, revelaba la inscripción: “la reforma del transporte público”.
El comisario Chaparro afirmó que la exhibición del cartel por parte del padre Luna “desnaturalizaba totalmente lo que era inicialmente el objetivo de esta gente, que era llegar a la Catedral”. Argumentó que la acción del sacerdote convertía la peregrinación en una manifestación, lo cual no era el propósito declarado ni autorizado para ese lugar.
En ese momento, según la versión policial, se solicitó al padre Luna que dejara la carpeta, dado que no era el lugar adecuado para realizar manifestaciones o reclamos sociales. Chaparro explicó que si el objetivo real era manifestarse, los participantes habrían sido direccionados a la Plaza del Congreso o al costado del Cabildo, sitios designados para que los manifestantes expresen sus derechos ante el Congreso y el gobierno.
Leé más: Senadores rechazan accionar policial contra pa’i Luna
El comisario citó que el comisario principal Víctor Presentado fue quien indicó a uno de los organizadores que comunicaran a los feligreses que dejaran el cartel para que la peregrinación pudiera continuar. Chaparro añadió que portar carteles en una marcha religiosa sería considerado una manifestación, y las manifestaciones, según la Ley 1066/97, conocida como la Ley del Marchódromo, tienen lugares designados para su desarrollo.
El comisario Chaparro enfatizó que, en todas las manifestaciones en el país, los grupos sociales tradicionalmente llegan hasta la plaza frente al Congreso, y que solo se le indicó al padre Luna esta normativa. Aseguró que el sacerdote optó por dejar el cartel y continuó de inmediato con la peregrinación, sin que se registrara ningún tipo de incidente ni se produjera una detención o traslado a una unidad policial. Ante la consulta sobre si fue amenazado con ser detenido, Chaparro respondió que no le consta, argumentando que no correspondería si el sacerdote no fue sorprendido en flagrancia de un hecho punible.
La postura del Viceministerio de Seguridad Interna
Por su parte, el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, coincidió con la postura policial, expresando que “las procesiones no pueden utilizarse para temas políticos”. A su criterio, al mezclar un reclamo social con una actividad religiosa, “se contamina la procesión religiosa”.
Pereira manifestó su intención de entrevistarse con el sacerdote Alberto Luna para interiorizarse de lo ocurrido. También señaló que si el padre se sintiera coaccionado, “debe hacer una denuncia en la Fiscalía”. El viceministro refirió al artículo 16 de la Ley 1066, el cual establece que “las procesiones religiosas son libres”, pero insistió en que “no tenía que estar contaminando con fines políticos. Ellos mismos están contaminando la procesión religiosa”.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
A pesar de las justificaciones, Pereira indicó que se tomará intervención con Asuntos Internos y se intentará identificar a los policías involucrados para esclarecer los hechos. Asimismo, confirmó que el Ministerio del Interior responderá al pedido de informe presentado por varios senadores, reiterando que “el Ministerio del Interior está con las puertas abiertas” para atender las inquietudes.
Fuente: Última Hora
