La Contraloría General de la República publicó un lapidario informe sobre irregularidades detectadas en el Instituto Nacional del Cáncer durante una auditoría que abarcó los años 2022, 2023 y 2024. El documento de 235 páginas revela graves fallas en la gestión institucional, incluyendo medicamentos vencidos por 5.497 millones de guaraníes y entregas irregulares a centros privados. Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la CGR, atribuyó los problemas a una falta de planificación que compromete el tratamiento efectivo de pacientes oncológicos.
Entre las irregularidades más graves figura la provisión de medicamentos oncológicos a establecimientos privados sin procedimientos administrativos aprobados por el Ministerio de Salud Pública. Durante la gestión del doctor Raúl Doria como director del Incan, entre agosto de 2023 y agosto de 2024, se autorizó la entrega de fármacos al Centro Médico Oncológico Nuestra Señora de la Asunción por valor de 1.763 millones de guaraníes. La Contraloría cuestionó que estas provisiones van en detrimento de la atención a pacientes del hospital público.
La auditoría determinó que las aprobaciones de Doria se realizaron de manera informal y vulnerable, sin adjuntar fotocopias de cédulas de identidad ni diagnósticos de pacientes. Los medicamentos eran retirados por representantes del centro médico privado en lugar de familiares de los pacientes. Además, se evidenció provisión de fármacos a otros establecimientos privados como Centro Médico Integral REVITA, donde Doria ejerce como director ejecutivo, Sanatorio San Roque, La Costa, Centro Médico Bautista, Sanatorio Migone e IPHIC.
#Lpm730 Incan: drogas para fallecidos y millones en remedios vencidos, en lapidario reporte de Contraloría: «El Incan no contaba con un registro de personas con cáncer», afirman
«El equipo auditor encontró fallas recurrentes en la gestión que afecta a la atención de… pic.twitter.com/tn8flt4WaE
— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 1, 2025
El informe revela que se entregaron drogas oncológicas por valor de 4.978 millones de guaraníes a pacientes del Instituto de Previsión Social sin solicitar devolución o reposición. Durante 2024, el Ministerio de Salud no exigió la reposición de medicamentos oncológicos al IPS por 7.497 millones de guaraníes. Esta situación denota debilidades en la gestión institucional que ponen en riesgo el suministro de medicamentos a pacientes de la salud pública.
La Contraloría cuestionó la adquisición de medicamentos próximos a vencer por valor de 2.956 millones de guaraníes y la recepción de fármacos oncológicos con vencimientos menores a los establecidos por 10.284 millones de guaraníes. En marzo de 2023, el Incan recepcionó 400 ampollas de Filgrastim por 338 millones de guaraníes apenas 24 días antes de su vencimiento. El pliego de condiciones establece vencimientos de 12 a 15 meses según el tipo de medicamento.
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El documento revela tiempos excesivos para la distribución de medicamentos adquiridos vía resoluciones judiciales, con casos donde la entrega se realizó un año y diez meses después de la solicitud. Una situación particularmente grave involucró la compra de un fármaco por 1.368 millones de guaraníes pese al fallecimiento del paciente beneficiario, medicamento que no fue reasignado, canjeado y finalmente venció. Se desconoce además el destino de cuatro ampollas de Nivolumab por valor de 85 millones de guaraníes.
La auditoría constató obligaciones de pago no registradas por 209.748 millones de guaraníes correspondientes a deudas con proveedores por medicamentos adquiridos mediante amparos judiciales. El Ministerio de Salud adquirió medicamentos contra el cáncer por 177.434 millones de guaraníes como gastos judiciales sin considerar que formaban parte del Listado de Insumos Médicos Esenciales que debieron comprarse mediante licitación. También se cuestionó la compra de medicamentos para patologías diferentes al cáncer con presupuesto del Incan por 7.724 millones de guaraníes.
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Las condiciones de infraestructura del Incan también fueron severamente cuestionadas por no reunir los criterios de calidad necesarios para la atención integral de personas con cáncer. La auditoría detectó condiciones de insalubridad en quirófanos y salas de internación, además de insuficiente personal médico que debilita la capacidad operativa del servicio oncológico. Fernández destacó que el Incan carece de un registro de pacientes, situación que imposibilita la planificación de compras de medicamentos y el diseño de políticas de prevención eficaces. La Contraloría concluyó que estos hechos reflejan una gestión institucional deficiente que compromete la calidad del servicio público y el uso racional de recursos estatales.
Fuente: ABC Color
