El gremio de radiólogos de Paraguay manifestó su rechazo a las nuevas disposiciones establecidas por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), que impone requisitos adicionales para ejercer la profesión y prevé sanciones económicas consideradas excesivas.
Las organizaciones que representan a trabajadores, estudiantes y técnicos en radiología advierten que las reglamentaciones no reflejan la realidad del sistema de salud paraguayo y podrían generar una sobrecarga burocrática y económica innecesaria para los profesionales del área.
Una de las principales críticas recae en la exigencia de realizar un curso de protección radiológica cada cinco años, como requisito para obtener el permiso de la ARRN, que se suma al registro profesional ya expedido por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).
El comunicado de la ARRN es de imposible aplicación sostiene médico ☢️
️El Dr. Oxades Gamarra explicó los problemas y las sanciones que están reglamentadas.
Expresó que hay una desproporción en la penalización y que la autoridad reguladora, la ARNN impone requisitos que «ni… pic.twitter.com/vlXBmroOAs
— Radio Ñandutí (@nanduti) July 31, 2025
El curso tiene una duración de una semana y un costo de G. 800.000. Tras completarlo, se debe abonar otros G. 280.000 por una autorización que también caduca a los cinco años. Esto se suma al costo de la renovación del registro del MSPBS, que asciende a G. 80.000.
Los representantes del Sindicato Nacional de Radiólogos del Paraguay califican estas exigencias como redundantes y desproporcionadas, argumentando que los profesionales ya cursan una carrera universitaria de al menos cinco años, con formación específica en protección radiológica.
Otro punto cuestionado es el nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones de la ARRN, que establece multas clasificadas en leves, moderadas y graves. Las infracciones graves pueden costar entre 2.000 y 4.000 jornales mínimos, es decir, entre G. 223 millones y G. 450 millones.
Entre las faltas consideradas graves figuran operar sin la autorización vigente de la ARRN o impedir una inspección del organismo. Según el gremio, situaciones operativas habituales, como la ausencia momentánea del encargado durante una fiscalización, podrían ser sancionadas con estas sumas.
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El sindicato señaló que actualmente hay 9.700 radiólogos en el país, de los cuales alrededor de 3.000 trabajan en el sistema público, mientras que el resto presta servicios en centros privados. La mayoría de las instalaciones públicas, afirman, aún no cuentan con habilitación de la ARRN.
Ante este escenario, los gremios solicitan una mesa técnica con participación del Ministerio de Salud, la ARRN y representantes del sector, a fin de revisar las normas e implementar criterios adecuados a las condiciones nacionales.
El pedido incluye la suspensión temporal de la aplicación de las nuevas reglas y sanciones, hasta que se logre consenso sobre los procedimientos de habilitación, control y actualización profesional en el ámbito de la radiología.
Fuente: ABC Color
