La Corte Suprema de Justicia se adjudicó ocho inmuebles del Colegio de Escribanos del Paraguay como parte de una deuda de G. 40.455 millones. La medida fue adoptada en el marco de un juicio civil iniciado en 2021 por la falta de transferencia de fondos provenientes de la venta de materiales notariales entre 1999 y 2021.
La resolución fue emitida el 28 de julio por la jueza de Primera Instancia Lizza Reyes, quien validó el remate de los bienes llevado a cabo el 15 de julio. La subasta totalizó G. 16.600 millones, lo que cubre menos de la mitad del pasivo reclamado por la Corte Suprema.
Los inmuebles adjudicados se encuentran en los distritos de La Encarnación, Ciudad del Este, Encarnación y San Lorenzo. Se trata de propiedades utilizadas históricamente por el gremio, que hoy enfrenta la pérdida de gran parte de su patrimonio institucional.
Según explicó el presidente del Colegio de Escribanos, Gustavo Benítez Soler, la deuda se acumuló durante gestiones anteriores que omitieron rendir cuentas y transferir los montos correspondientes a la Corte, como lo establecía la Acordada N.º 117/99, vigente desde 2014.
Benítez reconoció que los fondos recaudados por la venta de hojas notariales no fueron transferidos durante más de dos décadas. Agregó que los montos obtenidos con la venta de todos los bienes apenas superan los G. 16.000 millones, por lo que considera inviable el pago del saldo restante.
A pesar del impacto institucional, Benítez aseguró que el Colegio no desaparecerá y que continuarán sus actividades desde una nueva sede alquilada en el microcentro de Asunción. Anunció además que reordenarán su estructura administrativa.
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La demanda de rendición de cuentas fue presentada en enero de 2021 y ampliada varias veces por la Corte. El caso se tramita en el Juzgado Civil del 25° Turno, bajo la dirección de la jueza Liz Caballero, quien autorizó el embargo de bienes del gremio.
La controversia se origina en la aplicación de la Ley N.º 125/91 y las resoluciones de la Corte que facultaban al Colegio a comercializar materiales de uso notarial, como hojas de protocolo y libros de registro. El 70% de lo recaudado debía ser transferido a la Corte, lo cual no ocurrió.
Fuente: ABC Color
