El intendente intervenido de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, responsabilizó a la Junta Municipal por la escasa ejecución de obras financiadas con el bono G8, alegando que el monto aprobado fue insuficiente para cubrir el plan original. Según afirmó, de los G. 510.000 millones solicitados, la Junta solo autorizó G. 360.000 millones, monto que solo alcanzaría para ejecutar cuatro cuencas de desagüe.
El bono G8 fue emitido en 2022 con el objetivo de financiar ocho obras hidráulicas en distintos puntos críticos de la capital. Sin embargo, antes de su separación del cargo, Rodríguez solicitó excluir cuatro de esas cuencas y modificar el plan para incorporar otras prioridades, propuesta que fue rechazada por la Comisión de Hacienda.
Entre las obras inicialmente previstas se encuentran las cuencas de Ayala Velázquez, España II, General Santos, Santo Domingo, Terminal, Universidad Católica, San Pablo y Abasto. Parte de los fondos también debía destinarse a la revitalización de la Estación de Buses, pero estos recursos fueron redireccionados a otras intervenciones, cuya ejecución sigue pendiente.
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El jefe de Gabinete, Nelson Mora, defendió el uso de la figura de la Cuenta Única como mecanismo para administrar los recursos de los bonos, a pesar de las observaciones de la Contraloría General de la República. La CGR ha reiterado que la ley prohíbe utilizar operaciones de crédito para cubrir gastos corrientes.
En su informe de 2024, la CGR se basó en respuestas del Ministerio de Economía y Finanzas para reafirmar que el uso de los bonos debe limitarse a fines de inversión y no a erogaciones operativas. El informe recomienda ceñirse a la Ley Orgánica Municipal y a la Ley de Administración Financiera del Estado.
A pesar de ello, Rodríguez argumentó que la figura de la Cuenta Única está contemplada en un manual de gestión elaborado durante el gobierno de Horacio Cartes. No obstante, dicho documento también aclara que su aplicación debe estar subordinada a la normativa vigente.
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El interventor municipal, Carlos Pereira, manifestó que utilizar bonos para cubrir gastos corrientes constituye una práctica alejada de lo que establece el marco legal. La intervención busca esclarecer el destino real de los fondos y determinar responsabilidades administrativas.
En ese contexto, persisten las dudas sobre la ejecución presupuestaria y la transparencia en el uso de recursos públicos por parte de la administración de Rodríguez.
Fuente: Última Hora
