La presentación del informe preliminar por parte del interventor Ramón Ramírez generó una fuerte controversia en Ciudad del Este. El documento sostiene que durante la gestión del intendente Miguel Prieto se habría producido una presunta malversación de fondos públicos por un monto superior a los G. 29.000 millones.
El informe señala supuestas irregularidades como el uso indebido de fondos de capital para gastos corrientes, conflictos de intereses y falta de trazabilidad en la ejecución presupuestaria. Estas observaciones fueron presentadas como indicios de manejo inadecuado de recursos públicos.
Desde la administración municipal, el asesor jurídico Daniel Mujica calificó el informe como descabellado e improcedente. Asegura que todas las obras referidas fueron efectivamente ejecutadas y que la Municipalidad no registra deudas con el sistema financiero nacional.
«HABLAN DE MALVERSACIÓN, SIN EMBARGO MOSTRAMOS QUE ESTÁN TODAS LAS OBRAS» |
➡️Daniel Mujica, asesor de Miguel Prieto, mencionó que las declaraciones del interventor fueron descabellados, improcedentes y descontextualizados.
️»Le ponen títulos grandes a las pequeñas cosas, a… pic.twitter.com/YplwukjINN
— Radio 780 AM (@780AM) August 6, 2025
Mujica cuestionó además el enfoque del interventor, afirmando que no se tuvo en cuenta el contexto en que se realizaron los gastos observados. Indicó que varios de ellos se efectuaron durante la emergencia sanitaria por COVID-19, período en el que el Ejecutivo había flexibilizado el uso de recursos como los royalties.
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El asesor también acusó a medios vinculados al oficialismo de amplificar las denuncias de forma malintencionada, y afirmó que la intervención ha generado desconfianza ciudadana, afectando directamente la recaudación de impuestos municipales.
Por su parte, Prieto sostiene que la intervención tiene un trasfondo político, aludiendo a intereses del sector colorado cartista que buscarían debilitar su gestión de cara a futuras elecciones municipales. El jefe comunal reiteró que las acusaciones carecen de sustento técnico y que se responderán conforme a derecho.
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El informe presentado por Ramírez aún no es definitivo. Corresponde ahora a las instancias judiciales y administrativas evaluar si los elementos señalados constituyen hechos punibles o si forman parte de una maniobra de presión política.
En medio de la polarización, el desenlace de este conflicto será clave para definir el rumbo institucional de Ciudad del Este y la estabilidad de su administración municipal.
Fuente: Megacadena
