La Municipalidad de Asunción habría estado cobrando impuestos por un terreno de 6.000 metros cuadrados que fue cedido al Centro de Acción Social Universitario con prohibición expresa de venta. Ediles de la Junta Municipal calificaron la situación como un despojo patrimonial y una muestra del entreguismo de la administración municipal. El inmueble se encuentra ubicado en Aviadores del Chaco, entre Madame Lynch y Juez Pino, y fue transferido en 1973 para brindar servicios médicos.
El tema fue debatido durante la última sesión de la Junta Municipal con participación de representantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comuna, incluyendo al abogado Alexis Rivarola y el director interino Jorge Cantero. La Asesoría Jurídica municipal alega que no puede actuar por encontrarse bajo proceso de intervención, pese a disponer de herramientas legales para recuperar el inmueble. Los concejales cuestionaron esta posición y exigieron acciones concretas para revertir la situación.
El concejal Javier Pintos detalló que en 1973 la Intendencia y la Junta Municipal transfirieron el inmueble al Centro de Acción Social Universitaria para prestación de servicios médicos. La Ley 403/73, promulgada durante el gobierno de Alfredo Stroessner, ratificó la donación conforme a la Resolución N° 8571. Este documento establece prohibición expresa de venta y determina que en caso de incumplimiento, los terrenos revertirán al dominio municipal.
En 2012, la organización solicitó autorización municipal para enajenar el inmueble justificando la necesidad por problemas de salud de uno de los directivos del CASU. Pintos consideró increíble esta justificación, señalando que los directivos mencionaron que necesitaban vender el inmueble para obtener recursos que les permitieran atender el problema particular de salud. La solicitud se realizó pese a las restricciones legales vigentes que impedían cualquier transferencia del bien inmueble.
En 2017, la Junta Municipal aprobó una resolución para anular la cláusula que impedía la venta por falta de información correcta y completa según reconocieron posteriormente. Sin embargo, el entonces intendente Mario Ferreiro vetó la resolución, manteniendo vigentes las restricciones establecidas en la legislación original. Pese a este veto, existen comprobantes de pago de tributos correspondientes al inmueble cedido al CASU registrados bajo otra titularidad.
Pintos aseguró que accedió a comprobantes de pago de tributos registrados con la cuenta corriente catastral N° 15-842-02, correspondientes al inmueble cedido al CASU que ya figuran a nombre de otra persona. El concejal Álvaro Grau explicó que nunca existió un acto jurídico válido que permitiera la venta o transferencia de este inmueble protegido por fuerza de ley. Grau denunció que compradores recurrieron a la Justicia y que lamentablemente jueces y ministros fallaron contra el Municipio.
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La Asesoría Jurídica explicó que en 2018 el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una demanda contenciosa administrativa del CASU contra la resolución municipal, fallando a favor de la organización. El Tribunal revocó el veto municipal y dejó sin efecto las resoluciones protectoras del terreno, habilitando su disposición pese a la vigencia de la Ley 403. El Municipio apeló pero la Corte Suprema confirmó el fallo el 31 de diciembre de 2020, fecha cuestionada por los ediles.
Los concejales criticaron la inacción de la Asesoría Jurídica, que argumenta imposibilidad de actuar durante la intervención municipal. Jorge Cantero respondió que se necesita autorización de la Intendencia mediante resolución que provea mandato para avanzar judicialmente. El abogado explicó que durante la intervención rigen limitaciones establecidas en la Ley 317/94. Grau discrepó y adelantó que solicitará una resolución exhortando al interventor a iniciar el juicio y presentar medidas cautelares correspondientes.
Fuente: Última Hora
