Al menos 14 empresas proveedoras de alimentos solicitaron al fiscal general Emiliano Rolón que actúe de oficio ante los supuestos pagos extra que exigen las gobernaciones para entregar los cheques del programa Hambre Cero. Las firmas denuncian que los gobiernos departamentales condicionan la entrega de pagos a cambio de comisiones que oscilan entre el 15% y 20% del presupuesto total. Esta situación había sido denunciada anteriormente por el senador Silvio Beto Ovelar en mayo pasado.
El presupuesto para un millón de raciones del programa gubernamental ronda los 309 mil millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 41 millones de dólares estadounidenses. Según las empresas contratistas, se les debita el 15% de este monto, cerca de 6,3 millones de dólares, para el pago de las denominadas cuotas especiales. Las firmas consideran que estos descuentos comprometen gravemente la viabilidad económica del programa alimentario escolar.
La situación se agrava por los incrementos registrados en precios de alimentos y combustibles, factores que encarecen los productos y tornan el negocio inviable según los proveedores. El gremio empresarial apunta directamente a los gobernadores César Landy Torres de Alto Paraná y Denis Lichi de Cordillera, quienes han abonado únicamente el mes de abril y parte de mayo. Ambos departamentos mantienen deudas pendientes con las empresas contratistas.
En el departamento del Guairá la situación alcanza mayor gravedad, donde las empresas denuncian que las cuotas especiales llegan al 20% del presupuesto total por la provisión de alimentos. El servicio en esta región oscila los 13 mil millones de guaraníes mensuales, lo que implica que los proveedores destinan cerca de 2.760 millones de guaraníes mensuales en comisiones. En Alto Paraná, la cuota mensual se dispararía a 5 mil millones de guaraníes.
Un proveedor del Guairá explicó bajo anonimato que el costo por ración asciende a 13.229 guaraníes, pero tras descontar la cuota especial del 20% solo quedan 10.583 guaraníes por cada plato servido. El empresario manifestó que resulta imposible mejorar la calidad con estos márgenes, especialmente considerando el aumento del precio de la canasta básica. La combinación de cuotas y incrementos de precios genera una situación insostenible para los contratistas.
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Los empresarios del sector aseguran que el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, los amenaza con ejecutar la póliza a todos los proveedores que expongan públicamente sus reclamos. Las empresas denuncian que el funcionario gubernamental busca silenciar las denuncias sobre lo que describen como un esquema que ahoga económicamente al programa Hambre Cero. El programa alcanza actualmente a más de 1.050.000 estudiantes en casi 7.000 escuelas del país.
Las empresas solicitaron específicamente la intervención del Ministerio Público para investigar la trazabilidad de los desembolsos registrados en los bancos de los gobiernos departamentales. Un empresario de Caaguazú explicó que en estos registros bancarios se encuentran los detalles de las cuotas cobradas irregularmente. Los proveedores consideran que la documentación financiera constituye evidencia suficiente para demostrar el esquema de comisiones implementado por algunas administraciones departamentales.
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El senador Silvio Ovelar había expuesto anteriormente este esquema, responsabilizando a los gobernadores de poner en riesgo la continuidad del programa debido a la mano pesada que obliga a las empresas a pagar comisiones superiores al 20% sobre lo facturado. El presidente del Consejo de Gobernadores, César Cesarito Sosa, había calificado estas denuncias como una campaña política infundada contra las administraciones regionales.
Fuente: LPO
