El expresidente de Brasil Jair Messias Bolsonaro presentó su alegato final en el juicio por presunto liderazgo de un complot golpista, solicitando su absolución de los cinco delitos que enfrenta. El proceso, desarrollado en el Tribunal Supremo, podría derivar en una condena de hasta 43 años de cárcel.
Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022 y actualmente cumple prisión domiciliaria, sostuvo que no existen pruebas que lo vinculen con un plan para atentar contra las principales autoridades de la República o con los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
La defensa afirmó que no hubo decretos, órdenes militares ni documentos que respaldaran la movilización de tropas o detenciones de autoridades. También cuestionó la validez de la confesión de Mauro Cid, exsecretario personal del expresidente, y defendió que se respetó la transición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
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El equipo legal de Bolsonaro también objetó que el juicio se lleve en la primera sala del Tribunal Supremo, compuesta por magistrados designados por Lula, en lugar del pleno de 11 jueces. Argumenta que esta composición compromete la imparcialidad del proceso.
Los delitos imputados incluyen intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro de patrimonio protegido. Bolsonaro ya está inhabilitado para cargos públicos hasta 2030 por otro caso.
En el contexto político, analistas y actores de todas las corrientes coinciden en que el fallo será condenatorio, aunque se desconoce si la sentencia implicará cárcel militar o mantenimiento de la prisión domiciliaria, dada su condición de capitán retirado del Ejército.
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El expresidente se encuentra confinado en su residencia en Brasilia desde el 4 de agosto, por incumplir medidas cautelares como la prohibición de usar redes sociales. El juez Alexandre de Moraes también confiscó su teléfono y le prohibió comunicarse por vía telefónica.
Desde Estados Unidos, su hijo Eduardo Bolsonaro lidera una campaña internacional de presión, respaldada por el presidente Donald Trump, que incluye sanciones económicas contra jueces brasileños y aranceles a importaciones desde Brasil. El juicio se encuentra en la etapa final antes de la emisión de la sentencia.
Fuente: El País
