La renuncia de Óscar Rodríguez marca el final de una gestión municipal caracterizada por irregularidades financieras y desvío de fondos públicos que llevaron a la Municipalidad de Asunción a una crisis sin precedentes. La intervención administrativa reveló el alcance del desastre económico que atraviesa la comuna capitalina.
El interventor Carlos Pereira confirmó el desvío de 512.000 millones de guaraníes provenientes de bonos destinados originalmente a obras de infraestructura. La investigación determinó que el 93% de estos recursos se utilizó para gastos corrientes, mientras que apenas el 7% cumplió su propósito inicial. Esta práctica constituyó una grave violación al artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal.
Interventor presentó cinco denuncias penales contra Óscar Rodríguez
♦️ Aunque «Nenecho» haya dicho ayer en medio de la conferencia de prensa anunciando su renuncia que «no hay delito» en su gestión, Carlos Pereira citó como ejemplos falsificación de planos para otorgar… pic.twitter.com/wNaiEYYgVX
— NPY Oficial (@npyoficial) August 23, 2025
La gestión de Rodríguez generó una situación de iliquidez crítica en la Municipalidad de Asunción. Los números revelan un pasivo total de 2,3 billones de guaraníes frente a activos disponibles de apenas 46.000 millones. Esta desproporción evidencia la magnitud de la crisis financiera que enfrenta la institución municipal.
Las deudas vencidas alcanzan los 135.000 millones de guaraníes, distribuidas entre diferentes sectores. Los bancos mantienen acreencias por 55.000 millones correspondientes a préstamos por déficit temporal de caja. Los bonistas reclaman 50.000 millones en intereses vencidos, mientras que los proveedores de servicios registran deudas por 30.000 millones.
Irregularidades administrativas y denuncias penales
La intervención descubrió la existencia de cajas de recaudación paralelas que funcionaban al margen del control institucional. Además, se identificaron 27 sistemas informáticos discontinuados en áreas críticas como administración de personal, recaudaciones, cobranzas, catastro y desarrollo urbano. Esta situación comprometió la transparencia y eficiencia de la gestión municipal.
El informe final del interventor abarca 19.589 páginas distribuidas en 45 biblioratos y 2 anexos. La documentación confirma la existencia de 9.119 funcionarios municipales distribuidos en 58 direcciones, evidenciando una estructura administrativa sobredimensionada para los recursos disponibles.
Carlos Pereira presentó cinco denuncias penales ante la Fiscalía por diversos delitos detectados durante la intervención. Las acusaciones más graves incluyen la retención de actas de intervención de Defensa del Consumidor, falsificación de planos y alteración de datos informáticos. Estas denuncias se suman a procesos judiciales previamente iniciados.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación por el desvío de 500.000 millones de guaraníes en bonos, a cargo de los fiscales Luis Piñánez y Silvio Corbeta. Paralelamente, Rodríguez enfrenta imputación junto a 21 personas por los contratos irregulares durante la pandemia, conocidos como el caso de los “detergentes de oro”.
La emergencia sanitaria por COVID-19 sirvió de pretexto para realizar numerosas contrataciones directas sin utilizar la plataforma de Contrataciones Públicas. Los contratos más cuestionados alcanzaron los 16.600 millones de guaraníes, con evidencias de sobrefacturaciones en productos básicos como saturómetros y detergentes importados.
Proyectos fallidos y deudas laborales
Los proyectos emblemáticos de la gestión Rodríguez resultaron en fracasos rotundos que evidenciaron la improvisación administrativa. La implementación del estacionamiento tarifado fue un rotundo fracaso con Parxin. El intento de subasta de seis hectáreas de la Costanera Norte generó controversias legales y ambientales.
Estos fracasos reflejaron la falta de planificación estratégica y la ausencia de estudios técnicos previos. La gestión municipal careció de proyectos sustentables que pudieran generar ingresos genuinos para la comuna capitalina.
La crisis financiera afectó directamente a los funcionarios municipales y jubilados. La Municipalidad mantiene deudas millonarias con asociaciones de funcionarios y la Caja de Jubilados por dinero descontado de los salarios que nunca se transfirió a las entidades correspondientes. Esta situación compromete los derechos laborales y previsionales de miles de trabajadores.
Las deudas previsionales representan una bomba de tiempo para las futuras administraciones municipales. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar demandas judiciales y embargos que agraven la crisis institucional. La Contraloría General de la República había detectado anteriormente las irregularidades que posteriormente confirmó la intervención administrativa.
Transición política y desafíos futuros
Luis Bello asumió como intendente interino tras la renuncia de Rodríguez, conforme establece la Ley Orgánica Municipal. Su mandato se extenderá hasta que la Junta Municipal elija al sucesor que completará el período administrativo. Las negociaciones entre las diferentes bancadas políticas definirán el futuro inmediato de la comuna capitalina.
El bloque opositor conformado por el Partido Liberal Radical Auténtico y Patria Querida confirmó la candidatura de Álvaro Grau. Los colorados cartistas y disidentes mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo, con Bello como el candidato con mayores posibilidades según fuentes de ambas bancadas.
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La próxima gestión municipal enfrentará el enorme desafío de sanear las finanzas comunales y restablecer la confianza ciudadana. La magnitud de las deudas y la desorganización administrativa requerirán medidas drásticas de reorganización y transparencia. El nuevo intendente deberá implementar sistemas de control interno efectivos para prevenir futuras irregularidades.
La reconstrucción institucional demandará recursos humanos calificados y voluntad política para ejecutar las reformas necesarias. La ciudadanía asuncena espera una gestión transparente que priorice las obras de infraestructura y los servicios públicos esenciales por encima de los intereses político-partidarios.
Fuente: ABC Color
