El Tribunal de Primera Instancia en lo Civil condenó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a indemnizar con 900 millones de guaraníes a la familia del adolescente Javier Yegros, fallecido en octubre de 2019. En el accidente también murió Armando Reyes, de 39 años, padre de dos menores afectados por el percance.
La jueza Alejandra Zavala estableció la responsabilidad estatal en el accidente ocurrido en la ruta Acceso Sur por deficiencias en el mantenimiento vial. El fallo constituye un precedente judicial sobre la obligación del Estado de garantizar carreteras seguras para el tránsito vehicular.
La víctima era un joven futbolista de 14 años que integraba las divisiones formativas del Club Olimpia y se dirigía a un entrenamiento deportivo cuando ocurrió el siniestro. El vehículo en el que viajaba fue impactado frontalmente por un camión que perdió el control tras caer en un bache de grandes dimensiones. El accidente provocó la muerte inmediata del conductor y lesiones graves en los demás ocupantes del automóvil.
La resolución judicial rechaza los argumentos defensivos del MOPC que buscaban atribuir la responsabilidad exclusivamente a la negligencia del conductor del camión. El tribunal determinó que el ministerio no logró demostrar que la culpa del conductor fuera la única causa del accidente, excluyendo la contribución del deterioro vial. La sentencia enfatiza que el Estado tiene la obligación legal irrenunciable de mantener las carreteras en condiciones seguras para la circulación.
La decisión judicial establece un marco jurídico claro sobre la responsabilidad estatal en accidentes causados por deficiencias en la infraestructura vial. El fallo sienta precedente para futuras demandas contra organismos públicos por negligencia en el mantenimiento de rutas nacionales. Las familias afectadas por accidentes similares podrán utilizar este antecedente para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por la falta de inversión en infraestructura vial segura.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
El caso evidencia las consecuencias fatales de la inversión insuficiente en mantenimiento de carreteras nacionales y la necesidad de políticas públicas efectivas para prevenir tragedias similares. La condena al MOPC refleja la urgencia de implementar programas sistemáticos de reparación y mejoramiento de la red vial nacional. El Estado deberá asumir no solo el costo de la indemnización sino también evaluar sus protocolos de mantenimiento preventivo para evitar futuras responsabilidades civiles.
La sentencia de la jueza Zavala refuerza el principio de que el Estado no puede eludir su responsabilidad por omisión en el cumplimiento de sus funciones básicas de infraestructura y seguridad vial.
La decisión judicial obliga al MOPC a revisar sus procedimientos de mantenimiento rutinario y preventivo en las principales arterias del país. El precedente establecido fortalece los derechos de las víctimas de accidentes causados por negligencia estatal en el mantenimiento de la red caminera nacional.
Fuente: El Nacional
