Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS. A su izquierda, el titular de la previsional, Jorge Brítez. (Gentileza).
El Instituto de Previsión Social amplió las investigaciones por cobro irregular de prestaciones económicas tras detectar que múltiples empresas replicaron esquemas fraudulentos durante la pandemia. La gerente de Prestaciones, Vanessa Cubas, confirmó que están analizando nuevos casos que siguen el mismo patrón de la firma que defraudó con 83 supuestos trabajadores. Las evidencias serán elevadas al Consejo de Administración para autorizar denuncias penales.
El esquema fraudulento original involucró a una empresa fantasma que inscribió falsamente a 83 trabajadores para percibir subsidios por cesación laboral. Este caso resultó en la imputación de más de 60 personas, incluyendo al empresario responsable y quienes figuraban como empleados ficticios. La investigación reveló que este modus operandi no fue un caso aislado sino un patrón replicado por otras firmas.
Las autoridades del IPS confirmaron que están recopilando datos precisos sobre las nuevas empresas investigadas antes de presentar las correspondientes denuncias penales. Cubas enfatizó que el Consejo de Administración debe autorizar formalmente cada presentación judicial. La institución mantiene reserva sobre la identidad de las firmas hasta completar el proceso investigativo y obtener todas las evidencias necesarias.
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El subsidio por maternidad también está bajo investigación tras detectar irregularidades en su otorgamiento. La gerencia de Prestaciones reveló que este beneficio representa la mayor parte del presupuesto destinado a prestaciones económicas del IPS. Las autoridades implementaron sistemas de inteligencia de datos para analizar los pagos realizados desde 2020 hasta agosto del presente año.
La investigación identificó patrones sospechosos donde empleadores inscriben trabajadoras únicamente durante períodos de embarazo para acceder al subsidio. Estos casos muestran aportes por pocos meses sobre salarios declarados superiores a G. 10 millones, seguidos de bajas laborales inmediatamente después de percibir el beneficio. Este comportamiento constituye tanto fraude al seguro social como violación de garantías constitucionales.
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Las trabajadoras afectadas son dadas de baja uno o dos meses después de recibir el subsidio por maternidad, evidenciando la naturaleza fraudulenta de estas inscripciones. Cubas señaló que esta práctica no solo defruda al sistema de seguridad social sino que incumple derechos laborales fundamentales. La institución está documentando todos estos casos para presentar las denuncias correspondientes.
El director jurídico José González y la auditora Alicia Olazar analizarán las evidencias recopiladas antes de elevar el informe final al Consejo de Administración. Esta reunión técnica definirá los pasos legales a seguir en cada caso investigado. Las autoridades del IPS buscan garantizar que los procesos judiciales cuenten con sustento probatorio sólido para asegurar condenas efectivas.
Fuente: ABC Color
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