Imputan a 67 personas por estafa de G. 1.200 millones al IPS

El Ministerio Público imputó a un empresario y otras 66 personas por una estafa al Instituto de Previsión Social (IPS), que habría ocasionado un perjuicio económico superior a G. 1.200 millones. El esquema operaba mediante la inscripción fraudulenta de supuestos trabajadores en una empresa inexistente.

La investigación fue encabezada por la fiscal Teresa Sosa, quien constató que durante la pandemia de Covid-19 se simularon contrataciones laborales para luego cesar rápidamente a las personas inscriptas y así acceder a los subsidios por cesación laboral.

#URGENTE

Fiscalía imputa a 67 personas por millonaria estafa en compensaciones laborales en IPS

♦️ Los investigados habrían creado empresas para cobrar dinero de subsidios e indemnizaciones destinados a supuestos falsos «empleados» durante la pandemia del coronavirus.

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— NPY Oficial (@npyoficial) September 17, 2025

La firma utilizada como fachada era propiedad de Julio Ramírez Domínguez, quien fue imputado por los delitos de estafa y declaración falsa. Según el expediente, la empresa no contaba con actividad real ni empleados efectivos. Las personas inscriptas no prestaron servicios y solo facilitaron sus datos personales.

El mecanismo consistía en registrar trabajadores ficticios en el sistema del IPS, para luego simular despidos en corto tiempo. Esto activaba los pagos estatales creados para mitigar el impacto económico de la pandemia. La maniobra fue posible gracias a debilidades en los mecanismos de control.

De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron imputadas por su participación directa en el fraude. Las otras 17 quedaron fuera de la acusación por haber colaborado con la causa, brindando información relevante y devolviendo el dinero indebidamente recibido.

La fiscal Sosa señaló que la cooperación de algunos de los implicados permitió identificar cómo operaba el esquema. Varios de ellos reconocieron su participación y procedieron a la restitución voluntaria de los fondos, lo que fue valorado en la decisión fiscal.

Las diligencias continúan abiertas a fin de determinar si existen otros actores responsables o ramificaciones que aún no fueron detectadas. El Ministerio Público se encuentra recabando más datos para sustentar futuras imputaciones.

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Este caso refleja una modalidad recurrente de fraude estatal en contextos de emergencia sanitaria. Las condiciones extraordinarias de la pandemia facilitaron abusos que afectaron directamente los recursos públicos de asistencia social.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la investigación del hecho, y anunció que se tomarán medidas para garantizar la recuperación del dinero defraudado al IPS. También se busca sentar precedentes que refuercen la transparencia en el uso de fondos públicos.

Fuente: El Observador/Ñanduti/LN