Desalojan a un matrimonio por denuncia de la madre del hombre, residente en España

Hugo Francisco Ávalos Riquelme y su esposa, Dominga Beatriz Duarte, fueron obligados a abandonar este viernes su vivienda en el barrio Obrero de Asunción, durante un procedimiento policial realizado en cumplimiento de una orden de exclusión del hogar. La medida fue dictada a favor de Patricia Riquelme viuda de Ávalos, madre de Hugo, quien reside hace décadas en España. La defensa cuestiona la legalidad de la decisión, ya que la denunciante no convivía con los afectados. La orden fue emitida por el Juzgado de Paz de La Catedral, Primer Turno, a cargo de la jueza interina Lourdes Piñeiro.

Los abogados de la familia sostienen que no puede configurarse un caso de violencia doméstica sin que exista convivencia previa entre las partes. Argumentan que la Ley 1600/00 exige ese vínculo para aplicar una medida de exclusión del hogar. Según consta en el expediente, la mujer vivió en Europa por más de 15 años. La propia magistrada dejó asentado que “trabajó en España por casi 40 años”. Entre los documentos presentados por la defensa también figura un comprobante de viaje fechado el 3 de octubre de 2026, correspondiente a un traslado desde Vizcaya hasta el aeropuerto de Bilbao.

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Pese a estos antecedentes, el juzgado terminó ordenando la salida de la pareja de la vivienda en menos de 24 horas. El 22 de octubre, mediante el A.I. N.º 2494, la jueza había concluido que no existían situaciones de peligro para la denunciante. Sin embargo, al día siguiente, tras un recurso de aclaratoria presentado a las 8:50 por la abogada Maura Ramona Brizuela, modificó su decisión. A través del A.I. N.º 2508, dispuso la exclusión del hogar por un año y el retiro de las pertenencias de los afectados. Todo esto, según la defensa, pese a que el Ministerio Público se negó a acompañar el procedimiento.

Una disputa por la herencia detrás de la exclusión del hogar

Para los abogados de la pareja, la jueza utilizó un recurso de aclaratoria para cambiar el sentido de una resolución, cuando ese mecanismo solo permite corregir errores materiales. También cuestionan que la primera decisión no haya sido debidamente notificada antes de que se dictara una nueva orden.

La defensa sostiene, además, que la denunciante, de 70 años, estaría siendo manipulada tras su llegada desde España para reclamar bienes que forman parte de una sucesión familiar. Según una sentencia del 5 de junio de 2023, tanto Patricia Riquelme como su hijo Hugo fueron declarados herederos de la propiedad que pertenecía al padre fallecido. Los abogados también señalan que, ese mismo año, la mujer firmó un poder especial en Registros Públicos para ceder sus derechos sobre el inmueble a su nieta, quien actualmente reside en la vivienda.

La propia jueza Piñeiro había reconocido en su primera resolución que el conflicto “es por los bienes patrimoniales” y por el acceso a una caja fuerte. En ese mismo fallo señaló que cualquier controversia sobre los derechos de propiedad debía resolverse ante los juzgados civiles competentes.

Por su parte, los afectados negaron haber agredido a Patricia Riquelme o haberle impedido ingresar a la casa. Sus abogados anunciaron que apelarán la medida, al considerar que se dictó mediante un procedimiento irregular.

A criterio de la defensa, se recurrió a una herramienta judicial destinada a proteger a víctimas de violencia doméstica para concretar, en cuestión de horas, un desalojo que debía tramitarse ante el juez encargado de la sucesión.

El caso guarda similitudes con una práctica que ya había sido denunciada en mayo pasado por la abogada especializada en derechos humanos Alejandra Peralta. En aquella ocasión, la profesional advirtió sobre el uso de denuncias por supuesta violencia doméstica para conseguir órdenes de exclusión del hogar en juzgados de Paz de Asunción.

Según explicó, en algunos procedimientos se ordena la exclusión del hogar sin comprobar primero si existe una convivencia efectiva entre las partes o si hay derechos hereditarios sobre el inmueble. Como consecuencia, advirtió, familias enteras pueden quedar fuera de sus viviendas durante meses, mientras los conflictos patrimoniales continúan sin resolverse.

RDN