Amparo busca abrir acreditación de intérpretes a la sociedad

Representantes de organizaciones de personas sordas e intérpretes solicitaron suspender la acreditación de intérpretes de lengua de señas. La petición formal fue remitida a la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) ante serias dudas sobre el proceso. En concreto, los sectores afectados cuestionan los mecanismos actuales para comprobar las competencias de los postulantes. Por este motivo, exigen una revisión participativa de todo el sistema de evaluación antes de otorgar registros oficiales.

La abogada Alejandra Peralta, representante del sector accionante, confirmó a RDN la presentación de una acción de amparo judicial. La medida busca frenar el acto oficial de entrega de certificaciones fijado para este viernes 16 de octubre a las 10:00. De acuerdo con el planteamiento, la proximidad del evento genera una amenaza directa a los derechos del sector. Por ello, la vía judicial busca salvaguardar la legalidad del procedimiento de forma urgente.

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El reclamo administrativo inicial consta en una nota enviada el 12 de octubre al ministro de la SPL, Javier Viveros. El texto cuenta con firmas de referentes de organizaciones de personas sordas y miembros de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANILSPAR). Asimismo, acompañan el pedido diversos intérpretes independientes del país. Para los denunciantes, el trámite institucional vigente se limitó a recepcionar papeles y cartas de recomendación sin rigor técnico.

¿Por qué objetan la acreditación de intérpretes de lengua de señas?

Los firmantes sostienen que recibir certificados y cartas de aval resulta insuficiente para medir la idoneidad profesional. En la práctica, ese esquema no garantiza las capacidades lingüísticas, interpretativas, éticas y culturales necesarias. Además, denuncian notorias disparidades de criterio entre las instituciones que emitieron los respaldos. Mientras ANILSPAR y seis asociaciones realizaron evaluaciones conjuntas, otras entidades aplicaron métodos totalmente distintos y sin control cruzado.

Peralta remarcó que la propuesta del gremio busca postergar la ceremonia y abrir una mesa de diálogo técnico. De esta manera, los postulantes mantendrán su postulación activa, pero deberán atravesar “un proceso de validación correcto”. Según la profesional, el Estado debe garantizar un trabajo coordinado con la comunidad sorda y los intérpretes organizados. Sin esa cooperación activa, la certificación carece de legitimidad técnica y social.

Impacto directo en el acceso a la justicia

La representante legal advirtió sobre el impacto directo de estas falencias en el fuero judicial nacional. En consecuencia, remarcó que los peritos deben contar con “la idoneidad suficiente para poder hacer efectivo ese derecho de acceso a la justicia”. Una mala interpretación en tribunales vulnera el debido proceso y deja en indefensión a las personas sordas. Por ende, la rigurosidad técnica de los acreditados resulta un requisito constitucional innegociable.

Asimismo, Peralta reveló que mantuvieron una reunión previa con el ministro Javier Viveros para frenar la convocatoria. Durante ese encuentro, el secretario de Estado prometió evaluar el petitorio de las organizaciones. Sin embargo, la institución no emitió respuestas oficiales posteriores. Ante este silencio de las autoridades, el colectivo resolvió judicializar el conflicto mediante el amparo.

El recurso judicial exige suspender de urgencia el acto oficial y las inscripciones en el Registro Nacional de Intérpretes. Igualmente, solicita que la SPL remita al juzgado todos los antecedentes administrativos del llamado. La orden judicial deberá requerir los criterios selectivos y las constancias de evaluación de competencias, si existieran.