Justicia exige proceso legal para acreditar a intérpretes de señas

Un amparo constitucional suspendió el acto de la SPL para exigir evaluaciones técnicas y participación comunitaria.

La Justicia paraguaya frenó el proceso de acreditación de intérpretes de lengua de señas que llevaba adelante la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), tras una acción de amparo constitucional presentada por organizaciones civiles. La resolución suspende el acto oficial de entrega de credenciales previsto para este viernes 16 de octubre, mientras se revisa el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para este tipo de certificaciones.

El reclamo fue impulsado por representantes de la comunidad sorda, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANILSPAR) y varios intérpretes independientes. Los accionantes cuestionaron que la SPL pretendiera otorgar las acreditaciones basándose únicamente en documentos y cartas de aval, sin realizar evaluaciones técnicas para comprobar las competencias lingüísticas, éticas y culturales de los postulantes.

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La abogada Alejandra Peralta Merlo, representante legal de los sectores que promovieron el amparo, celebró la decisión judicial a través de sus redes sociales y destacó su importancia para garantizar los derechos de las personas sordas.

“Un buen día para la comunidad de personas sordas e intérpretes de lengua de señas”, expresó la profesional, quien también señaló que la correcta validación y acreditación de intérpretes es fundamental para garantizar el acceso a la justicia.

Cuestionan la falta de evaluaciones técnicas para acreditar intérpretes

Peralta recordó que la legislación paraguaya establece un procedimiento específico para seleccionar y acreditar a quienes ejercen esta labor. A su criterio, esos requisitos no pueden dejarse de lado, especialmente cuando se trata de profesionales que cumplen un papel importante en la comunicación de las personas sordas con las instituciones públicas.

“La Ley 6530 y su Decreto reglamentario prevén el procedimiento de selección y acreditación”, manifestó la abogada.

También advirtió que omitir las etapas previstas en la normativa y dejar fuera a los principales actores involucrados puede dificultar el cumplimiento de las obligaciones del Estado para eliminar las barreras que enfrentan las personas sordas.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la necesidad de garantizar que los intérpretes acreditados cuenten con la preparación adecuada. Esta exigencia cobra especial importancia en el ámbito judicial, donde una interpretación incorrecta puede afectar directamente los derechos de una persona.

En los procesos civiles, laborales o penales, los intérpretes pueden intervenir como auxiliares de justicia. Su trabajo permite que las personas sordas comprendan lo que ocurre durante las actuaciones judiciales y puedan comunicarse de manera efectiva. Por eso, una interpretación deficiente podría comprometer el derecho a la defensa e incluso dejar a una persona en situación de indefensión.

Tras la decisión judicial, los sectores involucrados plantean la necesidad de establecer una mesa de trabajo técnico entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil. La intención es revisar los criterios de acreditación y asegurar que el proceso se lleve adelante con transparencia, participación y evaluaciones que permitan comprobar la idoneidad de los postulantes.

Para los accionantes, el debate no se limita a la entrega de credenciales. Lo que buscan es que el Registro Nacional de Intérpretes esté integrado por profesionales debidamente capacitados, capaces de brindar un servicio confiable y contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas sordas en Paraguay.

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