Dany Durand se dispone a ingresar a la sala donde debía realizarse el juicio oral y público del caso Mocipar. Gustavo Machado
El inicio del juicio oral a los exdirectivos de Mocipar, entre ellos el exdiputado colorado Dany Durand, fue suspendido nuevamente debido a una chicana presentada por la defensa de uno de los acusados. La causa, que investiga un presunto esquema de estafa y asociación criminal, vuelve a ser remitida a la Cámara de Apelaciones.
El recurso fue promovido por el acusado Fabio Arturo Britos, bajo patrocinio del abogado Fabián Sánchez, quien planteó una excepción de incompetencia el pasado 3 de octubre. El planteamiento sostiene que el caso debe ser juzgado por un Tribunal de Sentencia ordinario y no por uno especializado en Delitos Económicos, como el que actualmente lleva la causa.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Matías Garcete, Elsa García y Adriana Planás, rechazó el recurso y tenía previsto iniciar el juicio este lunes. Sin embargo, la defensa presentó un nuevo pedido de reposición con apelación subsidiaria, alegando que el tribunal especializado solo puede intervenir cuando el Estado es la parte afectada, mientras que en este caso las víctimas son particulares.
Los fiscales Julio Paredes, Hernán Galeano, Silvio Alegre y Julio Ortiz solicitaron el rechazo del planteamiento. Recordaron que la competencia del Tribunal Especializado ya fue confirmada en instancias superiores, tras discusiones anteriores promovidas por las mismas defensas.
Durante la audiencia de reposición realizada esta mañana, el Tribunal rechazó por unanimidad la solicitud de la defensa y resolvió remitir el expediente a segunda instancia para su revisión. La decisión implica una nueva postergación del juicio, que debía iniciarse esta semana.
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La causa se originó tras la denuncia de 31 clientes del Grupo Mocipar, quienes afirmaron haber sido estafados entre 2006 y 2020 mediante la venta de bienes a través del programa televisivo “Domingo en Familia”, conducido por Dany Durand. Los denunciantes alegan que, pese a haber pagado las cuotas exigidas, nunca recibieron los vehículos, viviendas o electrodomésticos prometidos.
El perjuicio económico denunciado asciende a G. 665 millones, según el informe de la Sindicatura de Quiebras remitido al Ministerio Público. Los fiscales sostienen que los exdirectivos de Mocipar no contaban con respaldo financiero suficiente para cumplir los compromisos asumidos con los clientes.
Fuente: ABC Color
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