Federico Mora. Foto: Arsenio Acuña, ABC.
El juez de Garantías Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba se opuso al pedido de desestimación presentado por la fiscala Gladys Jiménez en la causa que investiga al exviceministro de Educación, Federico Mora, por un presunto hecho de abuso sexual en niños. El magistrado consideró prematura la solicitud y ordenó la devolución del expediente al Ministerio Público.
La fiscala había solicitado archivar la investigación alegando que, tras varias diligencias, no se configuraba un hecho punible. Según su informe, las actuaciones incluyeron la declaración de la niña en Cámara Gesell, testimonios de testigos y pericias psicológicas, además de la revisión de antecedentes remitidos por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Asunción.
En su requerimiento, la agente del Ministerio Público señaló que la víctima declaró los hechos y que se tomaron testificales de cinco personas, quienes describieron el comportamiento del investigado. También incorporó informes psicológicos y psiquiátricos sobre Mora, así como documentos que respaldan su historial académico.
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El juez Ruiz Díaz analizó el pedido y recordó que la Fiscalía, como titular de la acción penal, tiene la obligación de dirigir la investigación, reunir los elementos de convicción y garantizar la sustentabilidad de la causa. Consideró que, en este caso, la decisión de desestimar se adoptó sin agotar todas las posibilidades de indagación.
El magistrado argumentó que la Constitución Nacional, el Código Penal y las normas de protección a la niñez obligan a una investigación exhaustiva cuando se trata de denuncias por abuso infantil. En ese sentido, sostuvo que aún no existe certeza suficiente sobre la inexistencia del hecho denunciado.
Ruiz Díaz calificó de débil el argumento principal del Ministerio Público, que sostuvo que el acto no fue dirigido directamente hacia la víctima. Afirmó que este análisis no se sostiene desde el punto de vista jurídico y no contempla la protección integral de los derechos de los niños.
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En su resolución, el juez ordenó devolver el caso a la fiscala Jiménez para que, en un plazo de diez días, ratifique, rectifique o modifique su pedido de desestimación. También dispuso la reserva de las actuaciones para proteger la identidad de la víctima.
Si la fiscala mantiene su posición, el expediente será remitido al fiscal general del Estado o a un superior jerárquico para una revisión definitiva. La investigación permanecerá abierta hasta que se resuelva el trámite en forma definitiva.
Fuente: Última Hora
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