AI-generated illustrative image.
Una nueva forma de censura indirecta emerge en Paraguay, donde figuras con amplio poder económico y político utilizan herramientas judiciales para obstaculizar el trabajo de la prensa. Este patrón se manifiesta a través de recursos de amparo que buscan impedir que el Estado entregue información considerada pública. El periodista de investigación Alfredo Guachiré ha documentado cómo estos mecanismos se están transformando en una barrera sistemática contra la transparencia.
El caso más reciente involucra al juez civil Marcelo Rocholl, quien hizo lugar a un amparo promovido por la empresa Laser Import S.A.. La resolución judicial ordena al Ministerio de Economía y Finanzas abstenerse de divulgar cualquier documento o registro referente a dicha firma. Esta medida afecta directamente un pedido de acceso a la información pública realizado por Guachiré sobre los accionistas Antonio Juan Bautista Vierci y Ana María Yakisich de Vierci.
La solicitud del comunicador se limitaba a requerir datos públicos sobre las sociedades integradas por los mencionados empresarios, sin incluir información privada ni balances financieros. Sin embargo, al aceptar el amparo, el Poder Judicial valida una restricción contraria al principio de transparencia que establece la Ley 5282/14, norma que garantiza el acceso ciudadano a la información pública.
La acción judicial impulsada por grupos empresariales vulnera garantías constitucionales fundamentales. Se transgreden el artículo 28 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a buscar y recibir información, y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía supralegal. Esta judicialización de solicitudes básicas obliga a periodistas y ciudadanos a litigar para acceder a datos que deberían ser públicos.
Nota relacinada: Censura vigente en Paraguay: Corte paraliza caso clave de libertad de prensa
Lejos de ser un hecho aislado, esta tendencia se consolida como una práctica recurrente. El propio Guachiré confirmó estar enfrentando múltiples procesos judiciales similares. Figuras influyentes como Horacio Cartes y Miguel Vázquez también recurrieron a amparos constitucionales para bloquear solicitudes de información, extendiendo el uso del sistema judicial como un instrumento de blindaje frente al escrutinio público.
Paralelamente, el ejercicio periodístico enfrenta presiones directas contra la protección de las fuentes. En un caso distinto, la Fiscalía de Derechos Humanos abrió una investigación que derivó en la citación del comunicador por la filtración de peritajes de voz en la causa “Mafia de los Pagarés”. Durante la audiencia, los investigadores habrían intentado conocer el origen de la información, violando el derecho a la reserva de fuentes.
Leé también: Censura: Más de 74 Juzgados de Paz reciben estudio sobre la mala interpretación de la Ley 5777
Este intento de revelar las fuentes periodísticas constituye una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional y del artículo 13 de la Convención Americana, que blindan el secreto profesional. La intromisión judicial en este ámbito genera un efecto intimidatorio para las fuentes y un riesgo estructural para el periodismo de investigación, que depende de la confidencialidad como herramienta esencial para exponer hechos de interés público.
El escenario se agrava por la inacción de la Corte Suprema de Justicia, que desde febrero de 2025 mantiene paralizada una acción de inconstitucionalidad contra el fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Dicho fallo absolvió a la jueza Gloria Machuca, responsable de ordenar la censura previa al medio RDN y al empresario Christian Chena. El estancamiento de la causa ha sido calificado por organizaciones de prensa como un precedente peligroso para la libertad de expresión, ya que el expediente ni siquiera superó la etapa de admisibilidad.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
En septiembre de 2025, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció un nuevo episodio de restricción a la labor periodística. Durante la visita a Asunción del presidente argentino Javier Milei, en el marco de la Conservative Political Action Conference (CPAC), se prohibió a los reporteros grabar su discurso, y personal de seguridad intentó requisar los teléfonos de los periodistas. El hecho fue interpretado como un acto de censura directa y control informativo en un evento de carácter público e internacional.
La discusión sobre las restricciones a la prensa no es nueva. Desde 2019, diversas organizaciones han advertido sobre trabas administrativas, litigios estratégicos y presiones institucionales que afectan la cobertura de temas sensibles. La acumulación de amparos, citaciones judiciales y causas penales genera un desgaste material y psicológico en el periodismo de investigación. Esta práctica de judicializar el acceso a la información se ha convertido en una forma de censura indirecta, que obliga a los periodistas a desviar tiempo y recursos de su labor informativa.
Guachiré continúa su defensa con apoyo de una defensora pública, mientras analiza los amparos presentados por Cartes y Vázquez. La comunidad periodística y los organismos de derechos humanos observan con creciente preocupación el avance de estas medidas judiciales, que podrían consolidar un precedente regresivo para la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información en Paraguay.
Por RDN
Esta web usa cookies.