Fotografía de archivo del Operativo Raffaello, llevado a cabo a inicios de este año, por la Senad, el Codi y el Ministerio Público. Foto: Gentileza Senad.
El narcotráfico destruyó 5.400 hectáreas de bosques en áreas protegidas durante los últimos dos años para instalar plantaciones ilegales de marihuana. El dato fue revelado por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, durante jornadas de capacitación realizadas en Hernandarias, Alto Paraná.
La Senad calificó la situación como ecocidio sistemático y estableció una relación directa entre la producción de marihuana y la devastación ambiental. Rachid señaló que la reforestación de las áreas perdidas demandará décadas de trabajo. El ministro cuestionó los pedidos de legalización de la marihuana con un argumento contundente: si se legaliza la droga, también deberían legalizarse los delitos ambientales.
Durante la capacitación con enfoque jurídico y ambiental, Rachid vinculó los reclamos de tierras ancestrales con el narcotráfico. Según imágenes multitemporales presentadas por la institución, los territorios recuperados estarían siendo utilizados para actividades relacionadas con el tráfico de drogas. La afirmación generó controversia al conectar dos problemáticas de alta sensibilidad social.
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Las jornadas forman parte de una nueva estrategia institucional que busca integrar la perspectiva ambiental en las operaciones antinarcóticos. La Senad anunció la incorporación de guardaparques como actores fundamentales en futuras intervenciones contra el crimen organizado en zonas boscosas. El objetivo es perseguir simultáneamente los delitos ambientales y el narcotráfico.
Rachid citó la Operación Rafaelo, ejecutada en el sur del país, como ejemplo de este nuevo enfoque. También destacó el programa Restaurar, cuya misión consiste en reconstituir árboles nativos mediante la dispersión de semillas en las áreas devastadas. Ambas iniciativas forman parte del cambio de imagen que la institución busca proyectar.
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Según datos de la Senad, la estrategia implementada causó un perjuicio económico de aproximadamente 590 millones de dólares al crimen organizado. La cifra refleja el impacto de las operaciones conjuntas que combinan la lucha antidrogas con la protección del medioambiente en territorios vulnerables.
Fuente: Última Hora
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