La movilización militar en el Caribe escaló tras el anuncio de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a las costas venezolanas. El envío del destructor USS Gravely y la autorización previa de operaciones de la CIA profundizan un conflicto regional ya marcado por bombardeos y acusaciones recíprocas sobre narcotráfico y uso de la fuerza.
La decisión de realizar maniobras navales se presenta en un contexto de operaciones estadounidenses en la región que incluyeron destructores, un submarino y embarcaciones con fuerzas especiales desplegadas en aguas internacionales del Caribe desde agosto. Washington justifica estas acciones en la lucha contra el tráfico de drogas.
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La escalada reciente suma datos de violencia: en los bombardeos atribuidos por Estados Unidos a lanchas con drogas se registraron 37 fallecidos en nueve ataques, según fuentes mencionadas en los informes difundidos. También se reportó la presencia de un bombardero B-1B en acercamiento a la costa venezolana, verificado por plataformas de seguimiento aéreo.
En paralelo, el gobierno venezolano reaccionó con advertencias y movilizaciones. El presidente Nicolás Maduro llamó a evitar una confrontación abierta y pidió paz mientras afirmó contar con sistemas de defensa provistos por aliados internacionales. El Ejecutivo venezolano ha convocado ejercicios militares frecuentes y desplegó maniobras en múltiples puntos de la costa.
El anuncio oficial de Trinidad y Tobago precisó que el USS Gravely realizará entrenamientos con la Fuerza de Defensa trinitense y que la presencia refleja el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional. El buque partirá con destino a la zona el 30 de octubre, según la comunicación del ministerio de Exteriores de ese país.
La relación entre Trinidad y Tobago y Venezuela se tensó después de que autoridades venezolanas calificaran al nuevo gobierno trinitense de alineado con intereses de Washington. La primera ministra Kamla Persad Bissessar expresó su respaldo a las operaciones conjuntas, mientras persisten reportes no confirmados sobre la muerte de ciudadanos trinitenses en los bombardeos.
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— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2025
Las repercusiones legales y éticas de los ataques estadounidenses fueron objeto de cuestionamientos por parte de expertos y de gobiernos regionales. Autoridades de Venezuela y Colombia han calificado ciertos bombardeos como ejecuciones extrajudiciales, dado que los presuntos blancos no habrían sido interceptados ni interrogados antes de las acciones letales.
En Washington, el presidente defendió las acciones contra redes de narcotráfico y autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, argumentando vínculos entre autoridades venezolanas y el crimen organizado. Desde Caracas, el ministro de Defensa señaló que esas operaciones no tendrán éxito y afirmó la capacidad de la Fuerza Armada para hacer frente a amenazas externas.
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La situación añade presión diplomática en una región ya afectada por tensiones políticas y preocupaciones por la legalidad del uso de la fuerza en aguas internacionales. La movilización militar y las respuestas oficiales dejaron claro que la seguridad regional se debate hoy entre medidas coercitivas y llamados a la interlocución.
Ante el escenario, la comunidad internacional y actores regionales observan de cerca el desarrollo de los ejercicios y su impacto sobre la estabilidad en la cuenca Caribe. La combinación de operaciones militares, denuncias de ejecuciones y el despliegue de capacidades defensivas crea un ambiente de conflicto que exige seguimiento y análisis sobre la legalidad y las consecuencias humanitarias.
Fuente: Clarín
