El senador Rafael Filizzola (PDP) denunció un esquema que calificó como “privatización silenciosa de la salud” pública. La acusación apunta a presuntas irregularidades en un contrato de G. 200.000 millones destinado a servicios de atención oftalmológica, el cual fue adjudicado al Consorcio Conofta.
Según el legislador, el acuerdo establece precios que superan ampliamente los valores manejados en el sector privado. Ante esta situación, Filizzola presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Salud Pública (MSPBS), en el cual exige una justificación técnica y financiera del proceso.
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La controversia sobre este convenio, firmado el pasado 1 de septiembre, resurgió en medio de quejas por otras tercerizaciones del MSPBS, como un acuerdo con el Instituto Cardiológico de Corrientes. Filizzola utilizó sus redes sociales para alertar sobre el millonario contrato oftalmológico. La Licitación N° 34/2025 fue adjudicada a Conofta, que se presentó como único oferente. El monto total de G. 200.000 millones (aproximadamente USD 28.3 millones) busca proveer cirugías, insumos y equipos en comodato a hospitales del Ministerio de Salud por un período de tres años.
El Consorcio Conofta está integrado por GT Scientific SA y Distribuidora La Policlínica SA, ambas proveedoras históricas del sector público. Entre los representantes legales de la firma figuran Carlos José Herman Jara, Christian Aldo Harrison Paleari y Cristian Raúl Achucarro González. El centro de la denuncia, que coincide con reclamos previos realizados por médicos, son los costos estipulados. Filizzola cuestionó que, mientras Salud acumula deudas y los hospitales carecen de insumos básicos, el gobierno apruebe un gasto elevado en tercerizaciones, calificándolo como un posible “negocio encubierto”.
El senador criticó el acuerdo, asegurando que esta estrategia no puede considerarse eficiente, sino más bien un “despilfarro y entrega de servicios públicos”. Advirtió sobre las graves consecuencias que este tipo de convenios pueden acarrear para el sistema sanitario nacional. Uno de los problemas señalados es el doble gasto que se genera. Filizzola explicó que el Estado debe pagar los salarios del personal público y, al mismo tiempo, abonar por los servicios tercerizados a precios que considera inflados.
Otra consecuencia grave, según la denuncia, es la pérdida de autonomía operativa en importantes centros médicos. Mencionó que hospitales recientemente inaugurados, como el Gran Hospital del Sur y el Hospital General de Coronel Oviedo, pasarán a depender de estos servicios tercerizados para su funcionamiento. Esta situación, afirmó el legislador, genera una “dependencia total” de las empresas privadas para garantizar un servicio que debería ser un bien público.
Para obtener explicaciones formales, Filizzola presentó un pedido de informe al Ministerio de Salud. El documento exige la justificación de los precios presuntamente por encima del mercado y una explicación de por qué se terceriza un servicio que el Estado puede realizar.
El pedido también consulta quién operará realmente a los pacientes y cuál será el impacto de este contrato en la formación de los médicos residentes. El senador concluyó su denuncia advirtiendo que “la salud pública no es mercancía” y que “los hospitales no son negocios”.
Fuente: ABC Color
