Miguel Ángel Insfrán, alias “Tio Rico”. ABC
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, aclaró que el traslado de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, desde la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú hasta el penal Martín Mendoza de Emboscada respondió exclusivamente a razones de seguridad. De esta forma, desmintió la versión del abogado defensor del procesado, quien había asegurado que el movimiento obedecía a motivos humanitarios.
El cambio de lugar de reclusión del principal acusado en el operativo A Ultranza Py generó tensiones institucionales, ya que el Ministerio de Justicia no informó previamente al tribunal que lleva la causa. El traslado incluyó además a otros reclusos del mismo establecimiento penitenciario, según confirmaron fuentes oficiales.
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Maciel explicó que la decisión se tomó luego de recibir informes de inteligencia que advertían posibles riesgos de seguridad dentro de la cárcel de Minga Guazú. Indicó que la medida se aplicó conforme al protocolo para internos de alta peligrosidad y bajo el mismo régimen de control. Añadió que el penal de Emboscada cuenta con infraestructura y tecnología equivalentes para mantener las condiciones de seguridad requeridas.
El viceministro señaló que Insfrán fue ubicado en un módulo diferenciado, separado de otros detenidos vinculados al mismo esquema criminal, incluido su hermano José Insfrán, pastor evangélico también imputado en el caso. Aseguró que ambos permanecen en áreas arquitectónicamente independientes, sin posibilidad de comunicación directa.
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En cuanto a las declaraciones del abogado Napoleón Acosta, quien sostuvo que el traslado obedecía a un deterioro de salud, Maciel aclaró que el interno ya fue dado de alta de la sanidad penitenciaria. Agregó que se dispusieron medidas administrativas tras detectarse irregularidades en el uso de teléfonos celulares por parte del personal médico que lo asistía, hecho que también es objeto de investigación.
El Ministerio de Justicia, por su parte, anunció que continuará aplicando protocolos de evaluación de riesgo y control interno en las penitenciarías del país. Paralelamente, se investiga la presunta corrupción de funcionarios penitenciarios, además de privilegios detectados en otros penales, como el caso del festejo no autorizado en el Cereso de Cambyretá, donde estaría implicado el presunto narcotraficante Faustino Aguayo.
Fuente: ABC Color
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