Los vecinos de la zona Che Jazmín, en Pedro Juan Caballero (Amambay), denuncian que la fábrica Preformax opera en pleno barrio residencial gracias a un padrinazgo político. Afirman que la empresa se mantiene pese a reclamos formales y a la vigencia de ordenanzas municipales que restringen la actividad industrial en el sector.
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La presión acústica de los equipos, según las quejas, hace temblar las viviendas. Los pobladores señalan que perdieron la tranquilidad diaria y el descanso nocturno por ruidos y vibraciones. Relatan fisuras y daños progresivos en muros y techos, que atribuyen al funcionamiento continuo de la planta.
Los afectados aseguran que agotaron las instancias administrativas en Pedro Juan Caballero sin respuesta. Por ello, representantes de la Comisión Vecinal Che Jazmín, reconocida por la Municipalidad y la Gobernación, se trasladaron a la capital para visibilizar el caso y exigir la reubicación de la industria.
Zonificación y ordenanzas ignoradas
Los documentos presentados por los denunciantes indican que Preformax produce preformas plásticas en un polígono definido como “zona residencial” por el Plan de Ordenamiento Territorial de 2010. Consta, además, un informe de 2023 del Juzgado de Faltas, firmado por la jefa de Inspectoría General Municipal, Nancy Arce Delgado, que solicita reordenamiento “de manera urgente”.
La planta se instaló en 2014 y, pese a las quejas vecinales, fue ampliando operaciones. Los vecinos sostienen que la empresa desoye la normativa urbana y que las autoridades locales actúan con pasividad. Reclaman medidas firmes para recuperar el uso residencial del área.
Reclamo en la Junta Municipal
El lunes 27 de octubre, pobladores de Villa Che Jazmín acudieron a la Junta Municipal para reiterar el pedido contra Preformax. Denunciaron ruidos y vibraciones que afectan la calidad de vida y recordaron que la disputa lleva, al menos, tres años de gestiones sin solución definitiva.
La vocera Liz Mariel Mendoza solicitó a los concejales no renovar la patente comercial y reclamó la reubicación a una zona industrial. Preciso objetivo: que la fábrica funcione donde corresponde. “Aquí nadie está pidiendo que la fábrica se cierre, se está pidiendo que la fábrica se mude”, expresó, aludiendo a precedentes similares con otras instalaciones.
Mendoza calificó de “irresponsabilidad” permitir la operación industrial en un barrio residencial. Denunció un “tira y afloja” entre dependencias municipales que dilata decisiones. Planteó un plazo de diez días para que la Junta emita resolución de rechazo y anunció presencia semanal hasta evitar una renovación automática en diciembre.
Competencias y responsabilidades públicas
El concejal departamental Fernando Peralta pidió prevenir daños mayores y cuestionó quién responderá si ocurre “una desgracia” por las vibraciones. A su vez, el concejal municipal Cezar Lesme explicó que la Junta dicta ordenanzas, pero no sentencia casos. Señaló que existe un expediente abierto en el Juzgado de Faltas, instancia competente para resolver. Indicó el camino legal: si la resolución del Juzgado no satisface a los vecinos, corresponde apelar ante el intendente y, luego, acudir a juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Cuentas. También informó que el pedido será derivado a comisiones para su análisis.
Los denunciantes vinculan la permanencia de la fábrica al respaldo político. Atribuyen su protección al exgobernador de Amambay, Pedro González Ramírez, y a su esposa, la concejal María Lourdes Amarilla.
En videos, González afirma que la planta “tiene aprobada la licencia de impacto ambiental por el Mades” en una zona residencial, lo que los vecinos consideran un contrasentido con la ordenanza.
En grabaciones públicas, la concejal Amarilla elogió la construcción de la fábrica. Los vecinos resaltan que, como integrante de la Junta Municipal, su rol es contralor del cumplimiento normativo. Señalan un conflicto entre el deber de control y la promoción de una actividad incompatible con el uso del suelo.
Además de la zonificación, un estudio de análisis sísmico del geólogo Celso Velázquez reporta “movimiento de suelo” y emisiones sonoras con alta intensidad, por encima de umbrales tolerables. El relevamiento identifica impactos acumulativos sobre estructuras cercanas.
“Durante la medición también se ha observado señales de fisuras y rajaduras en la estructura en las viviendas”, consigna el informe técnico. Los vecinos sostienen que las grietas se multiplicaron con el incremento de la actividad y piden una verificación independiente y medidas de mitigación inmediatas.
Con base en los documentos, el vecindario exige la reubicación de Preformax a un parque industrial. Reitera la no renovación de la patente comercial mientras persista el incumplimiento del plan urbano. Reclama, asimismo, que el Juzgado de Faltas emita resolución y que la Municipalidad haga cumplir la zonificación vigente.
La comunidad de Che Jazmín demanda un compromiso institucional verificable. Pide decisiones transparentes, control técnico y un cronograma de reordenamiento. Insiste en que el respeto a la planificación urbana y la protección de la salud barrial no pueden depender de apadrinamientos políticos.
Por RDN
