La jueza de Garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez y la exfiscala Egidia Victoria Gómez Denis
La jueza de Garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez y la exfiscala Egidia Victoria Gómez Denis fueron imputadas por el Ministerio Público. Según la investigación, las tres habrían intervenido para favorecer de manera irregular al sindicado como narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, en el marco de una causa vinculada al denominado caso Mercat.
El fiscal anticorrupción Néstor Coronel promovió imputación contra Bracho, Ferreira y Gómez por los presuntos hechos punibles de cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios. La acusación refiere que las procesadas habrían utilizado sus cargos para beneficiar al investigado, vulnerando los deberes propios de sus funciones.
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De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos se habrían desarrollado entre mayo y diciembre de 2021. En ese periodo, Egidia Gómez se desempeñaba como agente fiscal de la Unidad Penal N.º 3 de la Fiscalía Zonal de Villa Elisa, mientras que Isabel Bracho ejercía como jueza penal de Garantías N.º 2 de Lambaré. Ambas actuaban en la causa caratulada “Walter José Galindo Domínguez s/ Transgresión a la Ley 1340/88, Ley N.º 4036/10 de Armas y Reducción”.
La imputación sostiene que, en el marco de ese proceso, las ahora acusadas habrían adoptado decisiones y promovido actuaciones que favorecieron a Galindo. Estas intervenciones se habrían dado en actos propios de sus cargos, dentro del expediente penal, y habrían tenido como efecto directas ventajas procesales para el imputado. Todo ello es presentado por la Fiscalía como parte de un esquema de favorecimiento irregular.
El escrito fiscal detalla que las irregularidades habrían consistido en la manipulación de actos procesales para que Galindo obtenga medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva. También se describen supuestos manejos irregulares de evidencias, así como la presentación de actos conclusivos y resoluciones judiciales con apariencia de legalidad, pero que, según el Ministerio Público, lesionaban los deberes judiciales a cambio de favores económicos.
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Uno de los episodios claves señalados por la Fiscalía ocurrió el 27 de mayo de 2021. En esa fecha, y presuntamente luego del cobro de una suma de US$ 50.000, la jueza Isabel Bracho y la actuaria Ruth Ferreira firmaron una providencia que dispuso la constitución de una médica forense del Poder Judicial en el lugar de reclusión de Galindo. Dicha actuación forma parte del conjunto de actos que, según la imputación, se habrían alineado al objetivo de flexibilizar la situación del procesado.
Paralelamente, siempre conforme al relato fiscal, se dictó otra providencia en la que se fijó para el 28 de mayo de 2021 una audiencia de revisión de medidas. Este segundo proveído habría sido firmado únicamente por la actuaria judicial Ruth Ferreira y tenía por finalidad analizar la concesión de medidas sustitutivas a la prisión preventiva a favor de Walter José Galindo. Todos estos elementos fueron incorporados por la Fiscalía como sustento de la imputación contra las tres funcionarias.
Fuente: ABC Color
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