La imputada Carolina Palacios, secretaria general de SIMIPAR, junto a su abogado Alberto Irala Aguilera. ABC Color
El Juzgado de Garantías impuso medidas alternativas a la prisión para la funcionaria del Ministerio Público y dirigente sindical Amelia Carolina Palacios, procesada por supuesta revelación de secretos privados. La resolución incluye la prohibición de salir del país y obligaciones específicas de control. El proceso se inició tras la denuncia que Palacios había presentado contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por presunto nepotismo y otras prácticas irregulares.
El juez José Agustín Delmás dispuso que Palacios mantenga su domicilio declarado y comunique cualquier cambio al juzgado. También debe presentarse entre el 1 y el 5 de cada mes para firmar el libro de comparecencias. Además, la disposición señala que tiene prohibido emitir opiniones o divulgar información sobre causas penales que involucren a Niños, Niñas y Adolescentes, en línea con lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia y el artículo 322 del Código Procesal Penal.
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La resolución establece una caución juratoria y advierte que cualquier incumplimiento comprobado derivará en la revocación inmediata de las medidas alternativas concedidas por el juzgado. Estas decisiones se enmarcan en la investigación abierta contra Palacios por presunta divulgación de datos sensibles y otros hechos señalados en la causa.
Los fiscales asignados al caso son Mercedes Vera Monges, Julio César Ortiz y Aldo Cantero. Este último interina al fiscal titular Giovanni Grisetti. La investigación se relaciona con un comunicado difundido por Palacios el 27 de octubre de 2025. En ese material, la sindicalista denunció prácticas como clientelismo, nepotismo, autoaumentos, tráfico de influencias y presunto encubrimiento, mencionando de manera directa al fiscal general Emiliano Rolón.
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El comunicado contenía elementos que, según la investigación, permitían identificar a un niño víctima de abuso sexual, lo cual está prohibido por la Ley N.º 1680/2001, modificada por la Ley N.º 6083/2018. Este punto es uno de los ejes centrales de la imputación presentada por el Ministerio Público en contra de la dirigente sindical.
El abogado Alberto Irala Aguilera, defensor de Palacios, sostuvo que sus declaraciones se enmarcan en su labor sindical. También afirmó que su defendida niega los hechos vinculados a la causa abierta por presunta revelación de datos privados. Indicó que, si se requiere información adicional, esta debe ser solicitada a la fiscala actuante, ya que, según expresó, la imputación carece de mérito.
Fuente: ABC Color
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