La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera confirmó la prisión preventiva de Luis Fernando Guillén Martínez, procesado por el asesinato del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión. La resolución fue dictada durante la audiencia de revisión de medidas realizada este martes, en la que la defensa solicitó sustituir la prisión por arresto domiciliario. Según la magistrada, no surgieron elementos nuevos que justifiquen un cambio en la situación procesal del imputado.
Durante la audiencia, la abogada Salma Lorena Serrati pidió arresto domiciliario para Guillén en la vivienda de un familiar radicado en Luque. Explicó que su cliente niega participación en el crimen y sostuvo que la medida restrictiva afecta el sustento económico de su familia, ya que trabaja como comerciante en un local ubicado en su propio domicilio. Para respaldar su solicitud, presentó documentos que acreditan la actividad laboral y el arraigo del procesado.
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La defensa ofreció como fianza un inmueble en Minga Guazú, valuado en 60.000 dólares, a nombre de Luz Marlene Guillén Martínez. También agregó certificados de dominio y libre disposición de bienes. Según Serrati, estos elementos descartan el peligro de fuga. Además, afirmó que Guillén se mantuvo a disposición de las autoridades desde el inicio del proceso y no promovió incidentes que obstaculicen la investigación.
El fiscal José Martín Morínigo se opuso al pedido y sostuvo que subsiste el riesgo de fuga debido a la expectativa de pena. Señaló que la causa todavía requiere diligencias esenciales, como la extracción de datos de teléfonos celulares y DVR incautados. Recordó que las circunstancias que motivaron la prisión preventiva dictada el 30 de octubre siguen vigentes, por lo que no corresponde modificar la medida.
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Finalmente, la jueza Lovera coincidió con el planteamiento fiscal. Indicó que los documentos entregados no son suficientes para eliminar el peligro de fuga y remarcó que el arraigo por sí solo no basta. Explicó que el marco penal previsto para los hechos imputados, sicariato y asociación criminal, puede alcanzar hasta 30 años de prisión en caso de condena, lo que aumenta el riesgo procesal.
El asesinato del teniente coronel Moral ocurrió el 2 de octubre frente a la Facultad de Derecho de la UNA. De acuerdo con la investigación, el militar fue atacado por dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta. Uno de ellos, identificado como Alexander Abrahán R. D., murió días después en el río Paraná. En el avance del caso, fueron detenidos Jorge Guillén Bogado, Ángel David González Guillén y Luis Fernando Guillén Martínez, además de otras personas que habrían enviado dinero a los presuntos sicarios. Todos están imputados por sicariato y asociación criminal.
Fuente: ABC Color
