Joaquín Roa, exministro de Emergencia Nacional, junto a sus defensores en el juicio oral. Gustavo Machado
El juicio oral por el supuesto direccionamiento de licitaciones en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) avanzó este jueves con los alegatos finales del fiscal Silvio Corbeta. El caso analiza adjudicaciones por más de G. 16.000 millones durante la administración de Joaquín Roa, quien dirigió la institución entre 2013 y 2022. Según la acusación, esos contratos beneficiaron a empresas vinculadas al empresario Alberto Koube.
Corbeta solicitó una condena de 10 años de cárcel para Roa. El requerimiento incluye los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, lavado de activos y cohecho pasivo agravado. Además, pidió el comiso de una embarcación valuada en 450.000 dólares, que según la Fiscalía habría sido entregada como obsequio. También solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos como sanción complementaria.
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El fiscal planteó además la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión establecidas para Roa. El exministro cumple actualmente arresto domiciliario y se encuentra sometido a restricciones procesales. Por lo tanto, Corbeta pidió al tribunal que disponga su reclusión preventiva mientras concluye el proceso. Sostuvo que la gravedad de los hechos amerita la modificación de su situación actual.
Para Alberto Koube, quien participa del juicio por vía telemática desde un centro penitenciario, el Ministerio Público requirió una condena de siete años y seis meses. Al empresario se le atribuye presunta coautoría en el lavado de dinero y complicidad en lesión de confianza y lavado de activos. El fiscal sostuvo que ambos actuaron de manera coordinada en los procesos de contratación cuestionados.
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Durante su exposición ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, encabezado por Elsa García e integrado por Sonia Sánchez y Ana Rodríguez, Corbeta explicó que Roa habría favorecido a Koube en al menos once licitaciones entre 2018 y 2021. Indicó que las adjudicaciones de la SEN se realizaron bajo esquemas que calificó como “amañados”, con direccionamientos que, según su planteamiento, comprometen la administración pública.
El fiscal argumentó que la entrega del yate formó parte de un esquema de beneficios otorgados al exministro. Según su exposición, ese obsequio habría sido una compensación directa por los contratos adjudicados a las empresas de Koube. La audiencia continuará con las réplicas de las partes antes de que el tribunal defina el fallo.
Fuente: ABC Color
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