La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 7363/24. La presentación incluye también un pedido de suspensión de los efectos de la norma, que regula a las organizaciones sin fines de lucro.
La acción fue impulsada en representación de unas 33 organizaciones sociales y comunitarias. El planteamiento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un cuestionamiento jurídico a la regulación vigente.
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La Ley 7363/24 establece mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas para organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, desde Codehupy sostienen que las exigencias previstas resultan desproporcionadas y restrictivas.
El abogado Dante Leguizamón, director de Codehupy, señaló que el trabajo de estas organizaciones es público y transparente. Además, afirmó que los controles impuestos por la ley superan lo razonable y afectan el ejercicio de derechos fundamentales.
La #LeyGarrote busca controlar y limitar el derecho a organizarnos, instalando desconfianza y castigo donde hoy hay solidaridad y trabajo comunitario.
✊Por eso, 33 organizaciones de la Codehupy presentamos una Acción de Inconstitucionalidad#democracia #participacion pic.twitter.com/Svqxpv2yVQ
— Heñói Centro de Estudios (@henoi_py) December 16, 2025
Según explicó, la norma y su reglamentación introducen exigencias que desalientan la participación social. Por lo tanto, consideran que se generan obstáculos para el derecho a la asociación y a la acción comunitaria organizada.
Desde la organización advierten que el marco legal instala un sistema de control excesivo, discrecional y punitivo. En consecuencia, sostienen que ese esquema afecta directamente libertades protegidas por la Constitución Nacional.
Entre los derechos señalados figuran la libertad de asociación, la libertad de expresión y la participación política. Codehupy también menciona el principio de legalidad como uno de los puntos vulnerados por la normativa cuestionada.
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Además, argumentan que la ley contradice obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo. Estas obligaciones están vinculadas a la protección del espacio cívico y al fortalecimiento de la democracia.
Finalmente, Codehupy sostiene que la vigencia de la ley debilita el espacio democrático en el país. Por ese motivo, solicitan que la Corte analice su constitucionalidad y suspenda sus efectos mientras se resuelve la acción.
Fuente: Megacadena
