Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados plantea una salida laboral extraordinaria para funcionarios de COPACO S.A. La propuesta habilita un mecanismo para transferir personal a otras entidades públicas. El foco está en el personal activo y en un esquema de movilidad regulado por una ley especial.
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La iniciativa fue impulsada por el diputado José Rodríguez, representante de Capital por la ANR. El texto busca responder a una situación social y financiera que la empresa estatal arrastra desde hace varios años. En la exposición de motivos, se menciona a más de 3.000 trabajadores vinculados a la compañía.
Mecanismo de transferencia dentro del Estado
El proyecto autoriza, de manera excepcional, la transferencia de funcionarios a organismos del Estado que manifiesten interés. El traslado está orientado a cubrir requerimientos técnicos o administrativos en otras instituciones. Además, el planteamiento sostiene que esto no implicaría nuevos ingresos a la función pública.
Por lo tanto, la propuesta intenta ordenar el proceso con un procedimiento específico y limitado. El objetivo declarado es evitar interpretaciones discrecionales o improvisadas. Para ello, se plantea un marco amparado en una ley especial que delimite el alcance del mecanismo.
Proyecto de ley busca impulsar transferencia laboral de funcionarios de COPACO a otras instituciones del Estado
(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación).Por iniciativa del diputado José Rodríguez (ANR-Capital), fue impulsado un proyecto de ley “Que autoriza la… pic.twitter.com/ob8zsttpdX
— Cámara de Diputados (@DiputadosPy) January 2, 2026
El texto resalta un componente social asociado a la continuidad laboral. Señala que el Congreso no puede quedar ajeno a una realidad con impacto directo en derechos laborales. También alude a problemas estructurales de gestión que conviven con consecuencias sobre los trabajadores.
Derechos laborales y contexto financiero de Copaco
Otro eje del proyecto es el aprovechamiento del capital humano formado con recursos del Estado. Según el argumento, muchos funcionarios cuentan con experiencia y capacitación útil para otras instituciones. Además, se plantea que existen déficits de personal especializado en el sector público, sin que ello suponga elevar el gasto.
En ese marco, el articulado enfatiza la preservación de derechos laborales para quienes sean transferidos. Se prevé mantener la antigüedad y los aportes previsionales. Asimismo, se menciona la seguridad jurídica, con el fin de evitar pérdida de condiciones o mayor precarización.
La propuesta se presenta en un contexto financiero complejo para Copaco, con una deuda que ronda los 110 millones de dólares. Esa carga limita la capacidad operativa de la empresa. También afecta posibilidades de inversión y modernización, y complica el cumplimiento regular de salarios y beneficios.
Finalmente, el proyecto fue remitido a comisiones asesoras para su estudio y análisis. Si avanza, abrirá un nuevo tramo del debate sobre el destino de Copaco. También pondrá en discusión el rol del Estado ante empresas públicas en crisis, entre sostenibilidad financiera y protección del empleo.
Fuente: El Nacional
