Lo que debería ser un entorno tranquilo se convirtió en una amenaza cotidiana para una familia inmigrante que reside en la ciudad de Atyrá. Desde hace varios meses, la polución sonora altera de manera constante su vida diaria y, lo más preocupante, afecta directamente la salud de su hija, una niña con síndrome de Down que además cuenta con antecedentes de una compleja cirugía cardíaca.
Ruidos intensos que se repiten día tras día
La familia, de origen alemán–arameo, denuncia que los episodios de ruido son diarios y de alta intensidad. Según relatan, en la zona se multiplican las fuentes sonoras: sistemas de sonido cada vez más potentes, fiestas privadas, bodegas y locales que utilizan enormes parlantes sin ningún tipo de control.
Aseguran que casi todos los meses aparece un nuevo foco de ruido, lo que vuelve imprevisible y agotadora la convivencia.
VINIERON EN BUSCA DE PAZ A ATYRÁ Y HOY VIVEN UN VERDADERO CALVARIO.
– Una familia inmigrante vive un verdadero calvario por el ruido constante e incontrolable en su zona.
-Leé hasta el final. El último video es terrible. pic.twitter.com/m0xNzk75xY— Raúl Bogarín (@Raulbogarin) January 7, 2026
Una salud frágil expuesta al estrés
La situación obligó a la familia a abandonar su propia vivienda en varias ocasiones, buscando proteger a su hija. El descanso nocturno se volvió casi imposible y el estrés es constante.
La niña debe tomar medicación cardíaca de forma continua y, según relatan sus padres, suele despertarse llorando porque no logra conciliar el sueño debido a la música a alto volumen.
Denuncias sin respuesta policial
Pese a las reiteradas denuncias realizadas, la respuesta institucional ha sido prácticamente nula. La familia sostiene que la Policía de Atyrá no acude a los llamados, no responde o directamente no interviene cuando se reportan los excesos sonoros.
Esta falta de acción incrementa la sensación de desprotección y abandono.
Silencio también desde la Municipalidad
Desde la Municipalidad de Atyrá, la situación tampoco encuentra eco. Las autoridades locales alegan no tener conocimiento del caso, pese a la existencia de denuncias formales realizadas por la familia.
Hasta el momento, no lograron concretar una audiencia con el intendente Juan Ramón Martínez (HC) lo que profundiza la frustración de los afectados.
Permisos que empeoraron el problema
Lejos de aliviar la situación, el conflicto se agravó luego de advertencias judiciales dirigidas a una familia vecina. Posteriormente, según denuncian, la policía habría comenzado a otorgar permisos para la realización de fiestas, lo que derivó en nuevos episodios de ruido extremo.
Esto convirtió el problema en algo aún más frecuente y difícil de controlar.
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En los momentos más críticos, la intervención del Grupo Lince de Pedrozo fue clave. Los agentes acudieron cuando el nivel de ruido era insostenible y actuaron con criterio humano, según destacaron los denunciantes.
Sin embargo, estas intervenciones no son constantes ni garantizan una solución de fondo.
El Juzgado de Caacupé también tomó conocimiento del caso e intenta intervenir, aunque las resoluciones no son inmediatas. Mientras tanto, la familia continúa expuesta a una situación que vulnera su derecho al descanso y pone en riesgo la salud de una menor.
Fuente: Raúl Bogarín
