La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) adjudicó un contrato de USD 22.011.796 a la empresa estadounidense Securiport LLC. El acuerdo busca implementar el sistema de información anticipada de pasajeros (API-PNR). El proceso se concretó el pasado 17 de diciembre de 2025 bajo la modalidad de contratación por vía de la excepción.
Esta decisión del Gobierno de Santiago Peña se realizó sin un concurso público. La adjudicación se basó en un único presupuesto enviado por la firma mediante correo electrónico. El proceso administrativo duró apenas seis días. Previamente, en mayo de 2024, el presidente y su gabinete se reunieron con el CEO de la firma, Enrique Segura.
Cuestionamientos al proceso de contratación directa
El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, defendió la contratación como un asunto de seguridad nacional. Según el funcionario, esta tecnología es indispensable para modernizar el sistema actual. Sin embargo, el contrato presenta cláusulas similares a las utilizadas por la empresa en diversos países africanos.
La DNM argumentó que Securiport ya poseía un relevamiento de datos técnicos en el país. Otros países de la región, como Brasil y Uruguay, realizan llamados competitivos para adquirir esta tecnología. En contraste, el proceso paraguayo evitó la competencia entre proveedores del sector.
Antecedentes negativos en el continente americano
Securiport enfrenta un historial de conflictos en la región. En 2011, el gobierno de Honduras adjudicó a la firma un contrato por decreto. La operación fue vetada tras un escándalo público y críticas de medios locales. El contrato fijaba una tasa de 34 dólares cobrada directamente a los pasajeros.
El Ministerio Público hondureño solicitó auditorías para determinar posibles vicios en aquel proceso. El acuerdo obligaba al Estado a mantener los servicios por 10 años. Estos antecedentes no impidieron que la actual administración paraguaya avanzara con la contratación de la misma compañía.
Irregularidades detectadas en naciones de África
En Gambia, el presidente Adama Barrow firmó un contrato directo en 2017. La Oficina Nacional de Auditoría sugirió investigar la omisión de protocolos de licitación. Se reportó un perjuicio de cuatro millones de dólares por cobro de tasas defectuosas. A pesar de esto, el contrato fue extendido.
En Sierra Leona, auditores detectaron faltantes por US$ 330.000 en el año 2023. El Parlamento abrió una investigación por irregularidades en el cobro de visas electrónicas. En Benín, un contrato similar fue cancelado, lo que derivó en una condena internacional contra el Estado por 95 millones de dólares.
Postura oficial ante las denuncias globales
Jorge Kronawetter minimizó las críticas internacionales sobre el comportamiento de Securiport. El titular de la DNM resaltó una supuesta experiencia positiva en Argentina y Chile. Según la institución, el contrato está protegido por pólizas de seguro y un cronograma de trabajo estricto.
Actualmente, Senegal exige a Securiport cerca de 280 millones de dólares. Las autoridades de ese país alegan deudas tributarias e irregularidades administrativas graves. En Mali, la Oficina del Verificador General también señaló discrepancias contables en los cobros realizados por la empresa.
Fuente: ABC Color
