La abogada María Esther Roa lanzó una fuerte advertencia sobre el caso de Óscar “Ñoño” Núñez. El exgobernador de Presidente Hayes podría zafar de su condena por corrupción pronto. Roa señaló que el proceso camina directo hacia la impunidad total. Esto ocurre a pesar de que existe una sentencia de 11 años de cárcel. La gente teme que el caso se enfríe y quede en la nada.
El político fue procesado por una “tragada” de G. 42.500 millones en su gestión. Actualmente, la Cámara de Apelaciones sigue estirando el chicle para no resolver el recurso de la defensa. El condenado es nada menos que el hermano del influyente senador Basilio “Bachi” Núñez. Por lo tanto, los ojos de la ciudadanía están puestos sobre este tribunal regional. Este vínculo familiar hace que el tema sea todavía más espinoso para el país.
La activista de “Somos Anticorrupción Paraguay” compartió su reclamo en diversas redes sociales. Ella tituló su denuncia diciendo que el millonario robo quedará sin castigo efectivo. Núñez fue hallado culpable por lesión de confianza y administración en provecho propio. Sin embargo, el sistema judicial parece trabajar a favor de la prescripción del caso. Los ciudadanos exigen que el proceso no se detenga por influencias políticas.
Una justicia lenta que beneficia al poder
El proceso contra el exgobernador arrancó oficialmente el 10 de marzo de 2014. La justicia tardó casi una década en dictar una sentencia en primera instancia. Exactamente pasaron 9 años, 9 meses y 4 días para finalizar el juicio oral. La condena llegó recién el 14 de diciembre de 2023 tras muchas idas y vueltas. Fue un camino largo marcado por chicanas y demoras constantes.
La defensa del político colorado presentó una apelación especial el 8 de enero de 2024. Ya pasó más de un año y el tribunal sigue sin integrarse para decidir. El Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes está actualmente desmantelado y paralizado. La Corte Suprema confirmó a algunos camaristas, pero faltan piezas clave para avanzar. Esta situación impide que la sentencia de cárcel quede firme y se ejecute.
El magistrado Carlos Escobar fue trasladado recientemente a la Circunscripción de la Capital. Por esta razón, el tribunal de alzada debe buscar un reemplazo de forma urgente. Roa califica esta mora judicial como una decisión criminal por omisión de los ministros. Para ella, la falta de una política institucional clara favorece descaradamente a los corruptos. La inacción judicial se percibe como un guiño para que el caso muera.
Condena millonaria y beneficios procesales sospechosos
La sentencia contra Núñez Giménez incluye una inhabilitación para ocupar cargos públicos. El exgobernador no podrá ejercer funciones estatales durante 10 años adicionales a su condena. El monto del desvío detectado por la fiscalía es de G. 42.500 millones. Sin embargo, el castigo parece estar quedando solamente en los papeles oficiales del juzgado. No hay señales claras de que el dinero regrese a las arcas del Estado.
Tras recibir la condena, el político fue remitido a la cárcel militar de Viñas Cué. No obstante, en diciembre de 2024 consiguió el beneficio del arresto domiciliario. Para salir de prisión, presentó una fianza superior al monto total del dinero desviado. Ahora espera la resolución definitiva desde la comodidad de su propia vivienda particular. Este cambio de situación generó indignación en los sectores que luchan contra la corrupción.
Los abogados de Núñez tildaron de “deficiente” la forma en que se calculó la pena. Argumentaron que las juezas del Tribunal Especializado interpretaron las leyes en perjuicio del acusado. Además, calificaron la argumentación judicial como equivocada durante todo el proceso oral. Buscan a toda costa anular el castigo de 11 años de prisión. La defensa técnica pelea cada punto para desacreditar el trabajo de los magistrados.
La pulseada legal por la ratificación de penas
El fiscal anticorrupción Luis Said salió al cruce de los planteamientos de la defensa. Said sostuvo que los jueces analizaron correctamente cada circunstancia del Código Penal vigente. Por lo tanto, el agente pidió que se ratifique la pena máxima impuesta. También solicitó confirmar los castigos para otros exfuncionarios involucrados en la misma red. La fiscalía mantiene su postura firme sobre la culpabilidad de todos los implicados.
La causa se encuentra actualmente en el feudo político del denominado “clan Núñez”. En septiembre de 2024, la Sala Penal de la Corte definió quién debe juzgar. Los ministros Luis Benítez Riera y Víctor Ríos decidieron enviar el expediente a Presidente Hayes. Esta mayoría dejó de lado la opinión técnica de la ministra María Carolina Llanes. Esta decisión fue clave para el futuro inmediato de la resolución judicial.
❌Dr. Víctor Ríos:
Usted, siendo ministro de la Sala Constitucional, con una acción de inconstitucionalidad pendiente en un expediente emblemático de corrupción, aceptó integrar la Sala Penal en el mismo caso, pero en otros expedientes siempre se apartó.Con su voto y el del… pic.twitter.com/RqD5YcsGkC
— Abg. Esther Roa (@EstherRoa_) January 20, 2026
Llanes pedía que el Tribunal Especializado en Delitos Económicos de la capital se encargara. Sin embargo, sus colegas prefirieron mantener la competencia en el tribunal regional de Villa Hayes. Esta zona es considerada la base política del exgobernador y sus allegados cercanos. La decisión judicial genera serias dudas sobre la imparcialidad final del proceso penal. Los ciudadanos siguen esperando que la justicia actúe con firmeza y transparencia.
Fuente: ABC Color
