La autonomía institucional de la ANDE y la estabilidad del sistema eléctrico nacional están bajo amenaza, según advierte la Unión de Ingenieros del ente. El cuestionamiento surge tras la promulgación de decretos que fijan nuevas tarifas para grandes consumidores.
Óscar Torres, secretario de la Unión de Ingenieros de la ANDE, afirmó que las medidas violan la Ley 966, carta orgánica de la institución. Según explicó, dicha normativa establece que solo la ANDE tiene competencia para definir tarifas eléctricas.
Las declaraciones se producen luego del decreto 5.306, firmado por el presidente Santiago Peña junto a los ministros del MIC y del MITIC. La norma crea la categoría de “industrias convergentes” y fija precios especiales de energía para ese sector.
Torres sostuvo que las tarifas establecidas están por debajo de los costos reales de producción y operación. Aseguró que esta situación compromete la sostenibilidad financiera, operativa y patrimonial de la empresa estatal.
#ALaGran730 Arriesgan la sostenibilidad financiera y operativa de ANDE, advierte la UIA
Los decretos 5306 y 5307, que el gobierno de Santiago Peña promulgó este mes, comprometen, directamente, la sostenibilidad financiera, operativa y estratégica de la ANDE, advierte la… https://t.co/LlPAUyEKFX pic.twitter.com/rZtaFga0kt
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) January 23, 2026
El dirigente recordó que la ANDE solicita desde hace años un reajuste técnico de tarifas. Indicó que hoy ese ajuste debería rondar el 40% y que, a corto plazo, podría escalar hasta 70%, debido a la necesidad de comprar o generar más energía.
Sin embargo, los decretos obligan a mantener precios fijos por hasta 15 años para ciertos sectores. Para los ingenieros, esta medida limita la capacidad de respuesta ante futuros escenarios de mayor demanda.
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Torres también alertó sobre un posible uso indebido del beneficio. Señaló que empresas de criptominería podrían intentar registrarse como data centers para acceder a tarifas reducidas.
Desde el punto de vista patrimonial, afirmó que la decisión representa un perjuicio directo al Estado. “Un decreto no puede estar por encima de una ley”, sostuvo, al cuestionar la legalidad de la medida.
El panorama financiero tampoco es alentador
Según Torres, la ANDE mantiene una deuda cercana a 1.200 millones de dólares y enfrenta pagos anuales superiores a 200 millones, en un contexto de creciente demanda energética.
La demanda máxima ya alcanzó los 5.500 megavatios, mientras la capacidad de generación ronda los 8.700. Con la expansión industrial, esa diferencia se reduce rápidamente.
Finalmente, el gremio aclaró que no se opone a la industrialización del país. Sin embargo, insiste en que el desarrollo debe apoyarse en un sistema eléctrico sólido y tarifas que reflejen costos reales. El debate queda abierto.
Fuente: ABC Color
