Una niña indígena de tres años murió por desnutrición grave en la comunidad Takuaguyogue, en el departamento de Amambay. Tras el fallecimiento, el Ministerio Público abrió una causa penal para esclarecer las responsabilidades familiares e institucionales. La fiscala Sandra Díaz imputó a los padres por violación del deber del cuidado y homicidio culposo. Según el informe preliminar, la niña ya había ingresado al menos tres veces a servicios de salud pública. Sin embargo, el sistema no habría establecido una estrategia de monitoreo continuo para acompañar su situación nutricional.
Al fundamentar la imputación, Díaz recordó que la patria potestad recae en los padres biológicos de la niña. Luego, el Ministerio Público atribuye a ambos la violación del deber legal de cuidado y protección. La fiscala solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva como cautelares durante la tramitación del proceso penal. De esta forma, los padres enfrentarán el juicio en libertad, bajo obligaciones fijadas por el juzgado competente. La representante del Ministerio Público consideró además la pérdida de la hija al pedir la sustitución de la prisión preventiva.
La decisión de no requerir prisión preventiva se apoya principalmente en la calificación jurídica de los hechos imputados. Díaz recordó que los hechos punibles atribuidos son delitos y no crímenes, según el Código Penal vigente. Ambos delitos tienen una expectativa de pena de hasta cinco años de privación de libertad. Por lo tanto, la normativa autoriza solicitar la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares. La fiscala insistió en que la aplicación de medidas alternativas no implica impunidad ni cierre anticipado de la causa.
Ante críticas sobre un posible trato diferenciado, Díaz negó esa interpretación. Señaló que la condición indígena de los padres no influyó en el pedido de medidas cautelares. Indicó que las medidas cautelares se deciden de forma independiente de la imputación y del origen étnico de los procesados. Recalcó que los padres están procesados penalmente y podrían ser acusados por los dos hechos punibles investigados. Al finalizar la investigación, el caso podría llegar a juicio oral y concluir con una eventual condena. Según la fiscala, la misma solicitud de medidas alternativas se habría presentado aun tratándose de padres no indígenas.
La investigación fiscal seguirá reuniendo testimonios dentro de la comunidad indígena para determinar otras posibles responsabilidades. No se descarta la imputación de más personas. Ello ocurrirá si se comprueba que influyeron en las decisiones sobre la atención de la niña. En esta línea, se investiga la presunta intervención de un chamán que habría impedido la utilización de medicina convencional. Díaz explicó que el Código Civil establece una cadena de responsabilidades. Dicha cadena inicia en los padres y continúa con los parientes cercanos y, en última instancia, el Estado. Recordó además que algunos asuntos pueden resolverse según las costumbres indígenas, pero otros corresponden a la Justicia ordinaria. Por ello, la Fiscalía evaluará si líderes comunitarios u otros actores deben ser incorporados formalmente al proceso penal.
#ALaGran730 Amplían imputación y envían a la cárcel a padres de la niña de 3 años que murió de hambre en Amambay
El juez penal de Garantías de Amambay, Martín Areco, resolvió enviar a prisión a los padres de la niña indígena de 3 años que murió de hambre, pese a la… pic.twitter.com/Cjclo297Vs
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Al mismo tiempo, el Ministerio Público analizará el funcionamiento del sistema de salud en relación con el caso. Se solicitarán informes para conocer qué tipo de atención recibió la niña y cuándo fue asistida por última vez. El objetivo es determinar si existieron fallas de seguimiento o respuesta por parte de servicios estatales de salud. Según los datos preliminares, la niña registró al menos tres ingresos a establecimientos públicos sin un plan de monitoreo posterior. La fiscala adelantó que, al término de seis meses, el Ministerio Público presentará su acusación. En esa etapa también se evaluarán posibles ampliaciones contra otras personas o instituciones vinculadas al caso. La causa sigue en trámite y aún se desconoce la decisión que adoptará el juzgado sobre las medidas requeridas.
Fuente: ABC Color
