El gobierno de España aprobó un nuevo decreto para regularizar a extranjeros en situación irregular. La ministra Elma Saiz calificó este anuncio como un hito histórico para la nación. Esta medida busca responder a la realidad social de las calles españolas. Además, el plan pretende reconocer los derechos fundamentales de quienes ya residen en el país. El Ejecutivo desea dar garantías y oportunidades a este colectivo de personas.
El objetivo principal es dignificar la vida de cientos de miles de personas inmigrantes. La ministra aclaró que el procedimiento será sencillo para evitar las barreras burocráticas del pasado. Por lo tanto, se busca integrar a estos ciudadanos de forma plena en el sistema laboral. El Ejecutivo resaltó que la iniciativa otorga garantías legales a la población extranjera residente. Sin embargo, se prioriza la eliminación de trabas que impedían la regularización anteriormente.
Se estima que este plan beneficiará a más de 500.000 personas en todo el territorio. España no implementaba una regularización de este tipo desde hace más de veinte años. Esta decisión surge de un acuerdo político entre el partido socialista y su socio Podemos. Asimismo, diversas organizaciones sociales e instituciones religiosas impulsaron este cambio normativo durante meses. El texto final es el resultado de una suma de voluntades políticas diversas.
El plan pone en el centro la voluntad de proteger a los individuos más vulnerables. Las fuentes oficiales indican que el pacto busca sumar fuerzas en favor de la convivencia. Sin embargo, el texto no necesitó pasar por el Congreso para su aprobación definitiva. El gobierno utilizó la figura del Real Decreto para agilizar su puesta en marcha inmediata. Esto evitó los bloqueos parlamentarios de los partidos de la oposición de derecha.
¿Quiénes pueden acceder al nuevo permiso?
Podrán acogerse a la medida quienes se encuentren en situación irregular o soliciten asilo actualmente. Los interesados deben acreditar su estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025. Además, es obligatorio demostrar una permanencia mínima de cinco meses en el país. El proceso formal de solicitudes iniciará en abril y terminará a fines de junio. El gobierno espera una alta participación de extranjeros que buscan normalizar su estatus legal.
Los solicitantes deberán presentar diversos documentos para validar su tiempo de residencia en España. Se aceptarán certificados de empadronamiento, contratos de alquiler o informes de citas médicas. También sirven los justificantes de asistencia a recursos sociales brindados por entidades locales. Por lo tanto, la administración busca facilitar la entrega de pruebas válidas. El sistema aceptará una combinación de documentos públicos y privados para el trámite.
Una novedad importante es el uso de recibos de envío de remesas como prueba. Muchas personas en situación irregular enfrentan dificultades para acceder a contratos de vivienda oficiales. Por esta razón, los comprobantes de dinero enviado al exterior serán fundamentales en el trámite. Asimismo, los candidatos no deben poseer antecedentes penales ni ser una amenaza pública. La medida también amparará a los hijos de los solicitantes con permisos de cinco años.
Beneficios inmediatos y seguridad para el trabajador
La presentación de la solicitud detiene automáticamente cualquier orden de expulsión administrativa previa. La ministra Saiz explicó que esto garantiza una integración progresiva en la sociedad española. Los beneficiarios obtendrán una autorización provisional para trabajar legalmente desde el primer momento. Además, tendrán acceso garantizado a servicios básicos como la asistencia sanitaria pública. El trabajador ganará derechos mientras las empresas obtienen una mayor seguridad jurídica.
Las empresas también se beneficiarán con la contratación legal de estos nuevos trabajadores activos. El Estado tiene un plazo máximo de tres meses para resolver cada petición individualmente. Sin embargo, tras los primeros 15 días de trámite, el inmigrante podrá trabajar en cualquier sector. Esta flexibilidad permite el acceso al empleo en todas las regiones de la nación. Finalmente, la resolución positiva otorgará una residencia legal por el periodo de un año.
El camino político y antecedentes en España
La oposición, liderada por el Partido Popular y Vox, ha criticado duramente esta medida extraordinaria. El Partido Popular considera que las regularizaciones masivas son ilegales y afectan al mercado. Por su parte, Vox anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo español. No obstante, la Conferencia Episcopal calificó la noticia como un acto que reconoce la dignidad humana. España ya realizó procesos similares en 2005 con la gestión de Zapatero.
Fuente: BBC News Mundo
