Los ministros de la Corte Suprema de Justicia: Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón, Luis Benítez Riera, César Diesel (presidente), Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander, en forma presencial. El ministro César Garay Zuccolillo, por medios telemáticos.
El tema del silencio institucional volvió a ser motivo de críticas en los últimos días. La Comisión Especial del Senado que investiga la llamada “mafia de los pagarés” está presionando, por tercera vez, para que la Corte Suprema de Justicia entregue información sobre el avance de auditorías en juzgados señalados por supuestas irregularidades.
El último pedido se envió el 23 de enero de 2026 al presidente de la Corte, César Diesel. Lo que exigen los senadores es bastante concreto: quieren detalles actualizados sobre cómo marchan las auditorías en 21 juzgados donde se manejan juicios ejecutivos y acciones preparatorias, áreas muy sensibles porque involucran reclamos de deudas y ejecuciones de pagarés. Hasta el momento, no recibieron ninguna respuesta oficial de la Corte Suprema.
Este reclamo no surgió de la nada. El primer pedido data del 12 de mayo de 2025, cuando la comisión ya había remitido un listado completo de los juzgados y expedientes sospechosos. Al no obtener contestación, volvieron a insistir en noviembre del mismo año, pero tampoco hubo novedades. Ahora, con la tercera solicitud, esperan que finalmente la Corte transparente la información.
El documento más reciente lleva la firma del senador Rafael Filizzola, presidente de la comisión. Allí explica que siguen esperando una respuesta formal, sea sobre los avances, los obstáculos o cualquier novedad vinculada a las auditorías. “La respuesta formal se encuentra aún pendiente”, resume el escrito.
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El listado de juzgados que se pidió auditar incluye tribunales de la capital, de Alto Paraná y un juzgado multifuero de Minga Porã, que tiene competencia en materias civil, laboral y de niñez. Muchos de los expedientes bajo la lupa corresponden a causas abiertas entre 2013 y 2024. Además, una parte de estos casos fue redistribuida tras una resolución que buscó agilizar los procesos de menor monto.
Un dato importante es que varios de estos expedientes pertenecen a personas que, de forma expresa, pidieron que sus casos sean revisados por sospechas de irregularidades. Esto fue detectado durante los trabajos previos de la comisión del Senado.
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Filizzola recordó que la comisión tiene un mandato limitado y específico, autorizado por el Senado, para investigar el funcionamiento de los procesos judiciales y la eventual responsabilidad de las instituciones. Todo esto, siempre respetando la separación de poderes.
Por otra parte, la Corte Suprema también trató el tema en una sesión reciente. Allí, el ministro Gustavo Santander Dans mencionó que algunos abogados vinculados a la causa fueron imputados y sumariados, y propuso que se soliciten informes completos sobre la situación profesional de estos abogados. La propuesta fue aprobada por todos los ministros.
Fuente: ABC Color
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