Los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas presentaron una denuncia penal formal. Esta acción jurídica apunta directamente contra el exdiputado Orlando Arévalo. También involucra a los directivos de la Universidad Privada Leonardo Da Vinci. El documento fue entregado ante la sede del Ministerio Público para su investigación inmediata.
La acusación sostiene la existencia de un esquema dedicado a la emisión de títulos de abogado falsos. Este sistema presuntamente favoreció al exlegislador y a varios integrantes de su círculo cercano. Según los denunciantes, se habrían fabricado credenciales académicas sin sustento real alguno. Por lo tanto, el proceso busca determinar la legitimidad de dichos documentos profesionales.
Orlando Arévalo habría utilizado estas credenciales apócrifas para obtener un cargo de alta relevancia. Específicamente, accedió a la representación de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Este movimiento político le permitió integrar uno de los órganos más influyentes del sistema judicial. Además, los abogados sostienen que su nombramiento se basó en información engañosa.
Desde la presidencia de dicho órgano, Arévalo habría ejercido un poder cuestionable sobre diversos magistrados. Los denunciantes afirman que el exlegislador realizó supuestos aprietes y cobros de favores. Estos actos habrían afectado a jueces y fiscales que enfrentaban procesos internos. En consecuencia, la denuncia resalta la gravedad institucional que implica el uso de un título irregular.
Vínculos y domicilios legales compartidos
La denuncia penal también alcanza a Alberto Núñez Godoy, identificado como secretario de Arévalo. Núñez compartiría el mismo domicilio legal que el exdiputado, según los datos aportados por los abogados. Se sospecha que este funcionario también contaría con un título de abogado de origen dudoso. Por ello, la investigación solicita verificar sus antecedentes académicos de manera rigurosa.
Asimismo, se cuestiona la validez de la matrícula de Hugo Albino Martínez Vera. Este profesional es señalado como el supuesto abogado de la familia Arévalo. Sin embargo, sus registros profesionales no figuran en el portal oficial de la Corte Suprema de Justicia. Esta ausencia de datos oficiales refuerza las sospechas sobre la legalidad de su ejercicio profesional.
El rol de la Universidad Leonardo Da Vinci
El caso coloca bajo una estricta lupa a la Universidad Leonardo Da Vinci. Esta institución educativa habría avalado la documentación que hoy se encuentra bajo sospecha judicial. Según el escrito, los firmantes del título de Orlando Arévalo son el pastor Nery Ríos y Carlos Gómez Núñez. Ellos suscribieron el documento como rector y decano de la entidad educativa.
Sin embargo, ambos directivos no han sido citados a prestar declaración testifical todavía. Los abogados Barba y Cuevas consideran fundamental que estas autoridades universitarias expliquen el proceso de titulación. Además, solicitan que se auditen los registros internos de la mencionada casa de estudios. Solo así se podrá confirmar si existió una cursada real de las materias.
Tipificaciones penales y posibles sanciones
Los tipos penales señalados en la denuncia incluyen la producción de documentos no auténticos. También se menciona la producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Además, se acusa a los involucrados por el uso consciente de estas credenciales apócrifas. Estos delitos conllevan severas sanciones penales dentro del ordenamiento jurídico vigente en el país.
Finalmente, los denunciantes esperan que el Ministerio Público actúe con celeridad y total objetividad. El caso representa un desafío importante para la transparencia del sistema educativo y judicial. Por lo tanto, la resolución de este conflicto marcará un precedente sobre el control de los títulos profesionales.
Fuente: ABC Color
